La política ha dejado de ser el arte de gobernar, se ha transformado en un fin para que determinada «casta social» mantenga poder y dignidad que no le corresponde. Con tal situación, el sistema democrático está pervertido por los políticos, al menos por los que se han instalado en los partidos, de aquí a las instituciones y desde estas a la gestión de los derechos fundamentales y sociales del ciudadano.
Llevamos demasiado tiempo con encuestas señalando a los políticos como uno de los problemas más graves que soporta la sociedad y el propio sistema democrático. Ejercimos el derecho a la alternancia a través de la cita con las urnas. Pero no sirvió de nada. Los que llegaron hicieron buenos a los que estaban. Han conseguido laminar las esperanzas del pueblo en que alguien, culto y decente, sea capaz de poner soluciones a la cuesta abajo en que nos hemos lanzado.
El caso Bárcenas -¿otro más?- supone: financiación irregular de los partidos políticos; cobro indebido de dinero en el sector público que debe dar ejemplo por ser ejecutivo y legislativo del sistema; fuga de capitales con regreso gracias a ingeniería fiscal disfrazada de amnistía para incrementar ingresos del Estado; incompatibilidad manifiesta, ya que no se puede, ni se debe, cobrar dos sueldos, el de las instituciones y el del partido, aunque sea con retenciones y declaración en la renta.
Tenemos motivos racionales para pensar que se trata de prácticas extendidas de norte a sur y de levante a poniente del sistema democrático. Ello puede ser causa de que muchas personas válidas se nieguen a participar en el servicio público desde los Gobiernos o desde los partidos políticos. Les da vergüenza que los identifiquen con la casta de los malandrines.
Puestas así las cosas, ¿quién está dotado de fuerza moral para cambiar el mundo? ¿Desde dónde se puede atajar el descrédito y la caída hacia el abismo? ¿Quién puede poner fin a la perversión del sistema democrático que padecemos?
Y, sin embargo, se hace urgente, necesario e higiénico, refundar las virtudes del sistema democrático, ventilando al ejecutivo, legislativo y judicial; y desde aquí dotarse de normas que garanticen conductas honestas, igualdad de oportunidades y de trato, Gobiernos que gocen del prestigio y los conocimientos precisos para sacarnos de la crisis que nos arrastra a la miseria, económica, cultural y ética.