He sostenido reiteradamente en público desde que estalló el escándalo de los presuntos sobresueldos a dirigentes del PP que, de demostrarse el cobro de dinero sin control fiscal por parte de Rajoy, este no tendría más salida que presentar su dimisión. Creo que sobre ello existe un amplio acuerdo y que resulta, por tanto, innecesario insistir en lo que millones de españoles, de izquierdas o de derechas, consideran evidente.
La cuestión que debe discutirse, por tanto, es la de si, en el estado actual de las cosas, el jefe del Ejecutivo debe irse. Una cuestión que, a mi juicio, ha de resolverse teniendo en cuenta circunstancias de dos tipos: de un lado, los motivos que hoy justificarían decisión tan radical; de otro, las consecuencias que de ella se derivarían para España.
Por lo que se refiere a los motivos, nada, ni de lejos, inclina por el momento la balanza hacia la marcha de Rajoy. Este ha sido acusado en unos papeles apócrifos, cuya veracidad niegan tanto el presidente como la persona a quien se atribuye su autoría. Bárcenas es, además, un sujeto de trayectoria tenebrosa, que posee cuentas millonarias de procedencia más que sospechosa y que tiene motivos sobrados para tratar de chantajear a sus antiguos empleadores.
Todo es, por ello, tan oscuro que exigir ahora la dimisión del presidente, sin haber sido Rajoy imputado por ninguna clase de delito y sin habérsele, ni remotamente, demostrado algún comportamiento irregular constituye una auténtica irresponsabilidad, comprensible sin duda en IU y los partidos situados a su izquierda, pero increíble en quien -el PSOE- ha tenido entre sus filas a un presidente acusado de haber organizado un grupo terrorista, a quien su partido protegió hasta que tales acusaciones pudieron ser objeto de un proceso judicial en el que, finalmente, se proclamó la inocencia de González.
Pero, por si todo lo apuntado fuera poco, cuando quien ha sido vicepresidente del Gobierno exige la dimisión de un presidente, debe poner en directa relación el peso real de los motivos que justifican su dura petición (peso escasísimo que fue, probablemente, el que llevó a Rubalcaba a no plantear primero, con buen juicio, lo que reivindicaría días después, sin que se hubiera aportado prueba alguna adicional) con las gravísimas consecuencias que se derivarían para España de una crisis de Gobierno que arruinaría, probablemente, las ya de por sí escasas posibilidades de comenzar a salir de la recesión a lo largo de este año.
Por eso, que haya tanta gente jugando alegremente al pimpampum sin considerar seriamente lo que en el envite nos jugamos es no solo increíble: demuestra palpablemente el grado de frivolidad que se ha instalado entre quienes tienen más poder de influencia, para bien o para mal, en nuestro inmediato porvenir.