Que el presidente del Gobierno y las sucesivas cúpulas del partido en el poder hayan promovido o tolerado el falseamiento de las cuentas con una contabilidad B, hayan cobrado sobresueldos y engañado a Hacienda, y hayan engañado sistemática y alevosamente a todos los españoles durante veinte años es tan escandaloso, tan perverso, que cabe pensar que todo es mentira. Porque de lo contrario, de ser cierto lo que muestran los extractos publicados, el PP no solo habría vulnerado flagrantemente la ley, sino que habría dinamitado el contrato de confianza en que se cimenta la democracia. El daño para las instituciones sería incalculable, porque minaría su credibilidad y lastraría su funcionamiento. Más aún, diluiría los lazos de cohesión social justo cuando más se necesita del esfuerzo común y solidario para salir de la crisis.
De Cospedal y el PP tienen derecho a reclamar la presunción de inocencia, e incluso a negar la veracidad de los documentos. Pero los ciudadanos tenemos derecho a que se disipen las sombras de sospecha. Absolutamente todas. Rechazar la evidencia y cargar contra el mensajero han sido tácticas recurrentes para eludir un problema, el de la corrupción, que a fuerza de esconderlo ha acabado convirtiéndose en un tumor maligno. El recurso permanente al engaño ha hecho que, como en el cuento de Pedro y el lobo, ya nadie les crea. Ese es el drama del PP, que deberá demostrar su inocencia, de forma inmediata. Pero ni lo ha hecho ni el silencio de Rajoy ayuda. Y si no disipa ya todas las dudas, estará abocado a una profunda renovación que dé paso a un relevo generacional en la dirección del partido. Salvo que todo sea mentira. Ojalá lo sea. Pero ojalá también fuera mentira la crisis económica.