Tenemos en España la tonta costumbre de que cuando alguien viola las normas o hace trampas, la solución que se propone habitualmente no es descalificar de por vida al infractor o castigarlo severamente, que parecería los más lógico, sino cambiar las reglas de juego. Dar un manotazo al tablero y hacer saltar por el aire las piezas, los dados y hasta el tapete mismo. Y así nos encontramos con el chiste de que cuando algún partido político es cazado en evidente práctica de supuesta corrupción, como ocurre ahora con en el PP, enseguida surgen analistas que se ponen estupendos y nos dicen, con mucha calma y prosopopeya, que mientras en España no se regule mejor la financiación de los partidos políticos tendremos que resignarnos a que cada cierto tiempo estalle un Filesa, un Gürtel o un barcenazo como el que ahora nos ocupa.
No llevamos ni cuatro días desde que supimos que, además de llevárselo crudo, Luis el cabrón compraba silencios sobre sus fechorías repartiendo sobrecitos en Génova a primeros de mes, y ya tenemos encima de la mesa un rosario de propuestas. Modificación de la ley de partidos, mayor control fiscalizador, auditorías internas, fiscales anticorrupción en cada partido y fruslerías similares. Todo eso está muy bien. Pero, hasta que no se cambien, aquí las leyes rigen para todos. Y lo primero es que los que se las han pasado por el forro o pusieron el cazo paguen por lo que han hecho. Con multa, o con cárcel si es necesario. Y que no aparezcan nunca más por la política. Solo después, si queremos, podremos modificar las normas. Porque, de lo contrario, lo que estaremos haciendo es justificar a los tramposos.
Esa misma tontuna de cambiar las reglas como solución a todos los problemas es la que permite que cuando el presidente de una comunidad autónoma como Cataluña se empeña en violar flagrantemente la ley y en anunciar a bombo y platillo que se va a transgredir la legislación vigente, haya quien considere que la solución no es advertirle de que si lo hace será sancionado de acuerdo a las normas establecidas en este momento para todos, sino, una vez más, modificar el reglamento. Es decir, cambiar la Constitución para que sea esta la que se someta a los deseos de quienes la infringen, y no al revés.
Cuestionar el sistema por el hecho de que algunos se aprovechen de él es, además de absurdo, infantil. Si nuestros políticos abusan y legislan de espaldas a la calle, la culpa no es del sistema, sino de ellos. Resulta por ello ridículo que la lógica indignación con los corruptos nos lleve a escuchar disparates como que España no es una verdadera democracia. Nuestra Constitución, nuestro sistema democrático y nuestra ley de partidos son perfectibles. Pero son los que tenemos. Y obligan a todos por igual. Así que lo primero es castigar al corrupto, encarcelar al ladrón o apartar a quien haga trampas. Y luego, si quieren, hablamos de todo lo demás.