La situación en que nos encontramos como país se asemeja a una encrucijada de la historia. En medio de una crisis económica que no acaba de cerrarse, con tasas de desempleo nunca alcanzadas y un significativo paro de gente joven, con un empobrecimiento que asoma en las clases medias, un sistema de bienestar social tambaleante y, por si eso no fuera suficiente, el despertar de un radicalismo nacionalista que se enfrenta a la «patria común» que figura en la Constitución. No es difícil percibir en la sociedad una inquietud de fondo, como el runrún de la mar en calma de nuestro finisterre, que se encrespa en manifestaciones varias de colectivos ciudadanos y llega al manifiesto de incumplir la ley o al paro de actividad por quienes administran la justicia.
Aunque no se trata de un momento constituyente, el rumbo que llevamos alerta de que es peligroso seguir como si todo transcurriese con la normalidad vivida. Interpela a la ciudadanía, pero muy especialmente a los partidos políticos. Con alguna frecuencia se apela al espíritu de la transición democrática. Se adoptaron entonces decisiones importantes en un tiempo breve y, por consenso, se aprobó la Constitución. En ella quedó broquelado el principio de servir los intereses generales. Habría que anteponerlos a los intereses de partido. Vale para gobernantes y opositores en todos los escalones del Estado. No parece, sin embargo, que se vaya en esa dirección. Se está en el juego de las campañas electorales con el mantra, que aburre y desprestigia, del tú más y el tú también con que se ventilan los debates parlamentarios.
El diálogo es necesario. Se dinamita si los llamados a entablarlo no respetan el mínimo de formas que lo hacen posible, si dominan apriorismos y provocaciones. Y tal como está el ambiente los términos y las actitudes tienden a ser interpretadas más allá de lo que pretendiesen los protagonistas. La iniciativa corresponde, obviamente, al gobernante, que ha de explicar el porqué de la decisión y del momento en que se promueve. Quizá si se hubiese mejorado el hábito del diálogo resultarían menos justificadas reacciones de colectivos y menos oportunista el recurso de inconstitucionalidad sobre la no revalorización prevista de las pensiones.
La coyuntura, justamente por no ser halagüeña, exige imperiosamente un esfuerzo por alcanzar acuerdos. Se trataría de acotar partes de asuntos que poseen un carácter estructural y deben quedar al abrigo de las alternancias en el poder. Dos años, al menos, estarían disponibles sin apremio de elecciones. No es de recibo que, existiendo una convicción generalizada sobre la necesidad de mejorar la educación, se encalle su reforma por la lengua y la religión, con posiciones que no responden a lo dispuesto en la Constitución. Ha habido, incluso, declaraciones que implican discriminación y desentierran prejuicios que retrotraen a épocas superadas. Este es tiempo oportuno para construir, para regenerar lo dañado; para la concordia.