La Comunidad de Madrid acaba de aprobar otro copago sobre el medicamento, realizado a través de la receta, que afecta a la gran mayoría de los enfermos. El Gobierno de la comunidad insiste, como casi siempre hacen los Gobiernos, en que la medida no tiene finalidad recaudatoria, sino que pretende introducir eficiencia y un uso racional del medicamento. Después de Cataluña, la comunidad madrileña es la siguiente que introduce un tercer copago a los productos farmacéuticos. Recordemos que los medicamentos ya se financian a través de un copago originario (los trabajadores activos pagan el 40 % del coste; los pensionistas de la Seguridad Social nada; los funcionarios y clases pasivas el 30 %) que se quebró en abril de este año a través de un copago adicional, ligado a la renta, que afecta a trabajadores y pensionistas (Real Decreto Ley 16/2012). Y que después Cataluña y ahora la Comunidad de Madrid tienen otro copago, vinculado a la receta, que también afecta a gran parte de los enfermos (activos y pensionistas).
¿Qué razones fundamentan nuestra afirmación de que este nuevo copago es, básicamente, recaudatorio y que su finalidad tiene dimensión mercantil? Resumiremos la respuesta en los siguientes apartados: a) el copago establecido en el RDL 16/2012 se justificó con los mismos argumentos de eficiencia y racionalidad que ahora se reiteran; b) además, el Gobierno central retiró más de 400 medicamentos por considerarlos de escasa o nula capacidad terapéutica, a los efectos de mejorar la utilidad social del resto; c) los medicamentos que toma el enfermo son los que autoriza y cuantifica el médico mediante receta. Y si el enfermo cumple con su obligación, la responsabilidad recae solo en quien los prescribe, aunque seguimos ignorando las medidas adoptadas por prescripción incorrecta o excesiva; d) este copago coincide con la privatización de seis hospitales construidos en la comunidad madrileña mediante contratos de colaboración público-privada, que ya recibieron más recursos de los que corresponden al canon pactado. Esta ola privatizadora también afecta a centros de salud y a servicios hospitalarios no clínicos.
Añadiremos finalmente que los convencidos o adictos al pensamiento neoliberal deberían ser más recatados. Ligar la eficiencia y la equidad social al mercado es un mito. Lo mismo que negar las injusticias e ineficiencias del sector público. Pero solo este puede civilizar al mercado. Cuando se afirma que priorizar la lucha contra el fraude fiscal es utopía frente al pragmatismo de copagos y recortes, se está afirmando -probablemente sin ser muy consciente de ello- que ese comportamiento incluiría también a los principios constitucionales de igualdad, justicia o solidaridad, porque esos principios serían igualmente un imposible.