Más de 500 desahucios diarios en España en lo que va de año denotan la profundidad de la crisis y el injusto reparto de sus consecuencias. Miles de dramas familiares agravados por la dureza de una normativa de 1909 y por la lentitud de respuesta de quienes deberían tener entre sus prioridades el adecuar la legislación a las necesidades de los ciudadanos. Se suceden las declaraciones, pero se retrasan las decisiones.
Por si esto fuera poco, numerosos afectados se enfrentan no solo a la pérdida de su casa sino al sarcasmo de que su ayuntamiento les reclame el pago de la plusvalía, el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.
La sangrante exigencia de unos cientos de euros más a quien lo ha perdido todo suele quedar sumergida bajo el drama de quedarse en la calle y seguir, sin embargo, debiendo dinero por el hogar que ha tenido que dejar. Pero no oculta la injusticia y la contradicción que encierra tal reclamación a quienes tan lejos están de haber obtenido beneficio de esa obligada transacción.
Sorprende que solo algunos ayuntamientos hayan adoptado hasta ahora acuerdos para no exigir el pago del impuesto en estos casos y que en otros se limiten a reaccionar anulando el cobro ante la reclamación de algún afectado, como ocurrió recientemente en el municipio ourensano de Barbadás.
Cada día que pase sin que se produzcan decisiones coordinadas y generalizadas para atajar semejante contrasentido incrementará la sensación de creciente alejamiento de las instituciones respecto a los ciudadanos a los que dicen representar y servir.