El escándalo de las preferentes no solo es una estafa de proporciones monumentales, sino que nos dice mucho sobre lo que ha sucedido en España durante estos últimos años, hasta hoy mismo. Con el objetivo de captar fondos como fuera, aunque eso supusiera traicionar la confianza de clientes de toda la vida, las entidades financieras salieron a la busca y captura de dinero fresco para tapar los agujeros provocados por su calamitosa gestión. De esta forma atraparon a cientos de miles de personas, en su inmensa mayoría convencidas, porque así se lo habían reiterado en sus sucursales, de que habían realizado una operación equivalente al depósito a plazo fijo, sin riesgos y recuperable de inmediato. Vendieron un producto muy complejo a ancianos, enfermos, analfabetos o simplemente a gente sin los conocimientos necesarios para desentrañar el jeroglífico de unos contratos incomprensibles. Tanto que incluso picaron algunos de sus empleados. Los bancos y cajas lo hicieron sin que las autoridades competentes les pusieran freno, como era su deber. Para mayor escarnio, directivos que son los responsables últimos del engaño masivo se marcharon a casa llevándose cantidades millonarias.
El timo de las preferentes retrata a las entidades que las colocaron con evidente mala fe, al Gobierno anterior, que no lo evitó, y al actual, que en ocho meses ha sido incapaz de dar una solución satisfactoria a este drama, mientras se ocupaba de buscar a toda costa un salvavidas para los que lo provocaron. Y también a la Justicia, que no ha sentado en la banquillo a los responsables, que se deben buscar en la cúpula, no en la base.