En democracia la soberanía corresponde al pueblo. El pueblo elige porque tiene el poder. La Constitución de 1978 se completa con estatutos de autonomía, configurándose un Estado con autonomías, a las que dota de legislativos y ejecutivos para administrar el poder descentralizado del pueblo.
La autonomía es tan solo gestionar, tomar decisiones que llegan procedentes del mandato popular a las instituciones públicas, entre ellas, los ayuntamientos.
En la práctica, no hay autonomía real sin capacidad financiera. De ahí la eterna discusión sobre precio de las competencias que el Estado encomendó, por mandato del bloque constitucional (Constitución y estatutos), a cada fragmento de Estado que son las comunidades autónomas.
Y llega la crisis de ingresos. La necesidad promueve la virtud en forma de ley que no permite gastar más de lo que se ingresa. Es algo tan lógico como garantizar la sostenibilidad del entramado al servicio del ciudadano. El espacio economía-competencias está acotado por el techo de deuda y déficit.
España tiene una deuda exterior próxima al billón de euros. Los intereses nos abrasan, mucho más al recapitalizar las necesidades financieras al interés que provocan los mercados y que señala la odiosa prima de riesgo.
En medio de la galerna se hace imprescindible acondicionar el barco. Menos carga, menos gastos, acordes con el incierto proyecto de los ingresos.
Y llega la hora de redefinir competencias y capacidades en nuestra Estado democrático, constitucional y descentralizado. Problemas graves con las autonomías, que se han ido convirtiendo en territorios soberanos, incluso discutiendo, como Cataluña, dónde reside la soberanía nacional.
Pero lo peor está por llegar. La reforma de la Administración local. Seiscientos cincuenta mil empleados públicos. Sesenta y ocho mil quinientos setenta y ocho ediles. Para 8.116 municipios, de los que el 95 % no llegan a los veinte mil habitantes.
Soluciones: No confundir autonomía con soberanía. Definir por ley los mínimos garantizados por el ayuntamiento a la población, en razón del número de habitantes. Definir de una vez por todas las funciones subsidiarias de las diputaciones comunes. Fusionar ayuntamientos al servicio de una escala eficiente. Menos nóminas y menos cargos. Instaurar la capacidad financiera sin cultos a la especulación del suelo.