Lo sucedido en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera -máximo órgano de coordinación de la política estatal en la materia- pone de relieve una realidad de nuestro Estado cada día más dramática: que en España hemos acabado construyendo un sistema que tiene todos los problemas de los federalismos pero donde no funcionan los mecanismos con que en ellos se resuelven.
El federalismo, que, con Elazar, podría definirse como la conjugación de autogobierno y gobierno compartido, es una forma de organización del poder que resulta no solo económicamente más costosa sino también de más difícil manejo en términos políticos. Por eso, la gran mayoría de los sistemas federales han ido desarrollando múltiples mecanismos, origen de lo que hoy solemos designar como federalismo de cooperación. La lealtad federal es, así, la base de diversas realidades que persiguen que el autogobierno y el gobierno compartido mantengan, mediante el desarrollo de la coordinación de las entidades federadas, un sano equilibrio y una eficacia razonables.
¿Qué tiene eso que ver con el hecho de que en un cónclave de máximo nivel entre el ministro de Hacienda y los consejeros económicos de las comunidades, los de Cataluña y Andalucía -territorios los dos muy relevantes por su peso demográfico- decidan, respectivamente, no asistir a la reunión y ausentarse de ella apenas una hora después de comenzada? Pues no tiene que ver nada en absoluto ni con la lealtad federal, ni con la cooperación, ni aun siquiera con la buena educación, exigible a los responsables públicos en sus mutuas relaciones.
Los representantes de Andalucía y Cataluña (con visiones históricamente confrontadas en lo relativo a la financiación debido a sus intereses diferentes) han coincidido, contra toda lógica, por la sencillísima razón de que en ninguna de las dos comunidades gobierna el Partido Popular y han aprovechado la reunión para hacer oposición en un espacio que no está planteado para eso. Nadie dice, por supuesto, que los Gobiernos andaluz y catalán deban estar de acuerdo con el ministerio, pero en tal caso lo que tendrían que haber hecho es lo que los representantes de otras dos comunidades (Asturias y Canarias) que, no casualmente, tampoco tienen Gobiernos del PP: votar en contra de los acuerdos adoptados.
El increíble boicot a un órgano fundamental de coordinación de la política autonómica, en una tema hoy esencial como es el de los techos de deuda que todas las comunidades deberán cumplir, es demasiado importante como para dedicarse solo a hacer política de partido, olvidando los intereses generales. Es precisamente esa mala política, y no un espíritu centralista que en España está muy lejos de existir, lo que explica que haya tanta gente hasta el gorro de la descentralización.