Los gestores de la autopista gallega -la que aquí y ahora interesa- deciden incrementar significativamente los costos de peaje, sin duda que al amparo de su título concesional y tal vez porque su propio estatus económico lo demanda. No, no han aceptado la máxima ignaciana que aconseja no hacer mudanza en tiempos de desolación y se hace inevitable la disconformidad de los usuarios, que somos casi todos. Cabe que, más allá del puro gesto, no pocos diversifiquen sus planes de viaje, para optar por itinerarios paralelos a través de carreteras convencionales, por fortuna en buen estado de conservación. Y ahí están las infraestructuras de hierro, desde que el ferrocarril ofrece, en itinerarios básicos, servicios tan frecuentes y cómodos como seguros y económicos, con la consiguiente liberación de las servidumbres que impone el automóvil.
Otro plano de la cuestión tiene que ver con la seguridad vial. Siendo incuestionablemente la autopista el vial teóricamente más seguro, cabe que las deserciones en su uso aumenten las intensidades del tráfico en las otras carreteras, con el consiguiente crecimiento de riesgos. ¿Tendrán entonces algo que decir los poderes públicos si por acaso las variaciones de la accidentalidad lo demandasen?