Que la oposición argumente en contra de la propuesta de Feijoo para reducir el número de diputados gallegos que la medida beneficia al Partido Popular tiene doble filo. ¿Quieren decir que la apoyarían si el electorado decidiese dar un vuelco a los resultados en Ourense y Lugo? De nuevo se transmite a los ciudadanos la sensación de que les mueve más arreglar sus cuitas que atender los asuntos de la ciudadanía.
Es posible que las cuentas de la oposición en cuanto a la desproporción de la representatividad entre provincias no estén descaminadas. Pocos pondrían la mano en el fuego por defender que se promueve esta y no otra reforma porque, en efecto, el PP, a día de hoy, no sale mal parado. Pero ¿hay discrepancia sobre la cuestión de fondo? ¿Hay trabajo -pagado a cerca de 70.000 euros anuales- para 75 diputados en un país no muy rico y de menos de tres millones de habitantes?
No se sostiene el argumento de que el ahorro es exiguo. Sobre un millón de euros al año, sí. Pero más de 660 millones de pesetas en una legislatura. Más de 5.000 millones de pesetas en los ocho mandatos del Parlamento gallego. Bien mirado tampoco es tan poco. Alguna plaza de comedor escolar, algún dependiente atendido y algo de ahorro en la amortización de la deuda. La medida, desde luego, está en línea con lo que muchos ciudadanos sensatos demandan. Pero para que sean creíbles las intenciones del PP debería continuar por hacer otros ajustes en instituciones que los contribuyentes no echarían de menos. Las funciones de diputados provinciales y senadores son fácilmente asumibles por otras instituciones del Estado.