La prima ya no es de riesgo, sino de infarto agudo, las comunidades autónomas se ponen a la cola para pedir dinero con el que pagar sus facturas, hay más parados que tendrán menos prestaciones, a los trabajadores públicos y privados les aprietan el cinturón un poco más cada viernes...
Pero Esperanza Aguirre se permite mentar el corralito para insistir en la necesidad de reducir el gasto público, cuando el uso partidista de la gestión de Bankia algo tuvo que ver con lo que está pasando; ni Rajoy ni De Cospedal, que se sepa, han renunciado a alguno de sus sueldos procedentes del erario; los europarlamentarios siguen volando gratis en preferente; nadie ha dicho ni pío sobre el Senado, aunque cualquier cambio exige modificar la Constitución y habría que plantearlo, por tanto, con tiempo; las diputaciones no se suprimen, sino que se refuerzan...
Solo el presidente de la Xunta se ha atrevido a plantear la reducción del número de miembros del Parlamento gallego hasta donde es posible sin modificar el Estatuto, y la oposición no ha tenido mejor idea que salir en tromba denunciando supuestos manejos antidemocráticos por unas proporcionalidades que evidentemente deberían ser respetadas. Parecen olvidar que el fondo del asunto es que, si los médicos, los maestros, los policías y los trabajadores de muchas empresas privadas tienen que sacar adelante el mismo trabajo que antes con menos efectivos, lo lógico es que también lo hagan los parlamentarios. Y, de paso, se evite la creciente sensación de que quienes imponen a los demás drásticos recortes siguen en la cómoda nube de quien tiene la facultad de fijar su propio salario.