Las fotos de las manifestaciones de la tarde del jueves son impresionantes. Como siempre, son exagerados los números que dan los convocantes, pero había mucha gente, y la protesta se produjo en ochenta ciudades. Quizá sea exagerado también decir que ese movimiento pone al Gobierno de España contra la pared. Pero nadie puede ocultar su importancia: estamos ante una formal protesta de la sociedad por los ajustes. Y el Gobierno tampoco puede desconocer la relevancia del hecho, porque es el primer termómetro de la indignación. Una cosa es expresarla en conversaciones privadas y otra el hecho físico de concentrarse. Y ahora existen ganas de hacer esa expresión de forma visible, sonora y contundente. Asoma el fantasma de la huelga general.
Lo malo es que no conseguirán nada. El Gobierno, como confesó su presidente, no tiene libertad para diseñar su política económica. Debe seguir los dictados de la Comisión Europea y del FMI. No estamos oficialmente intervenidos, pero no tenemos autonomía ni para promover estímulos a la recuperación, que incluso pidió el rey en su discurso de Moscú. Y cada paso es una imposición nueva, como se está viendo en las condiciones del rescate de la banca. No hay, por tanto, posibilidad de rectificación. Pedirla es pedir un imposible. Al revés: si sigue sin funcionar el ahorro público; si se ralentiza todavía más la actividad en medio de diagnósticos de recesión persistente, que nadie descarte nuevas vueltas de tuerca, y en plazo no demasiado largo.
Ante ello, no vale la actitud del presidente de acudir vergonzosamente al pleno, votar y marcharse. No vale con pensar discursos solo dirigidos a los mercados. Hay que pensar en la sociedad española que se revuelve y está a un milímetro de la revuelta. Los mercados castigan nuestra deuda y, por tanto, nuestros recursos públicos; pero una sociedad empujada a la rebeldía pone en peligro la paz social, que es el mayor patrimonio que hemos conservado durante la crisis.
¿Qué hacer ante ese riesgo? Quizá sea tarde para todo; pero, antes de que comience el otoño caliente, el Gobierno debiera pensar si su forma de imponer y ahora de aplicar las medidas es la más convincente; si su forma de comunicar es la más efectiva para seducir a amplios sectores de la población; si se pueden despreciar las ofertas de pacto que todavía se le hacen; si se puede predicar que «no podemos ofrecer la imagen de un país dividido», como dijo Montoro, mientras no se ofrece diálogo, sino que se exige adhesión; y si falta ese discurso que convoque a la nación a un gran sacrificio. Algo habrá que pensar, algo habrá que hacer, porque la calle empieza a decir que no aguanta más. Y gobernar es liderar los estados de opinión.