Rajoy había pronosticado que la reforma laboral le iba a costar una huelga general casi en el estreno de su mandato. No es malo que un gobernante asuma las consecuencias que sus decisiones más impopulares puedan acarrearle en la calle. Que el temor a la reacción no lo paralice en su obligación de gobernar. Lo ha hecho Felipe González y también José María Aznar. Aunque también es cierto que los dos antecesores de Mariano Rajoy movieron pieza después de escuchar el clamor de la calle.
La que se le viene ahora encima al Ejecutivo es más grande -quizás más arrollador- que una huelga general. Porque es la protesta continuada, masiva y protagonizada también por algunos de sus recientes votantes, en respuesta al más duro de los ajustes conocidos desde que arrancó la restauración democrática. El presidente apela a su responsabilidad para actuar, sin cálculos electoralistas e incluso al margen de todas sus promesas electorales en materia económica y social. Lo malo para él es que se ve que buena parte de la población no lo entiende así, que aprecia en las medidas intereses ajenos a los de los ciudadanos y que el Gobierno podría estar actuando más por imposición de terceros que por defender el futuro de las personas.
Puede que estén equivocados los ciudadanos que están saliendo a la calle en todo el país. Pero podría ser que quien está errando sea un Gobierno que estaría en riesgo incluso de perder la legitimidad democrática que dan las urnas. Porque, como el propio Rajoy ya ha reconocido por activa y por pasiva, no está gobernando con el programa que mereció la confianza de millones de españoles.