El pasado 11 de julio debería pasar a la historia de nuestra democracia. La descripción de la realidad en que nos encontramos no permite evasiones. No se puede eludir con ninguna ensoñación, ni edulcorar con vagas promesas. Al borde de la suspensión de pagos. ¿Qué es sino eso el reconocimiento realizado por el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados de que el Estado se encuentra en dificultades para hacer frente a compromisos básicos? Podría sostenerse que se ha dado la señal oficial de que concluye una etapa. Todo no será igual. Podemos seguir engañándonos, pero la cruda realidad se encargará de recordárnoslo, haciéndola todavía más gravosa.
Todos hemos de tomar conciencia de esa realidad. El presidente Rajoy debería extraer las consecuencias de su propia confesión de adoptar medidas contrarias, no solo a su gusto, es lo de menos, sino a sus convicciones. Queda atrás la seguridad transmitida de que, a pesar de la cifra errónea que le dejó Rodríguez Zapatero, se cumpliría con la reducción del déficit exigido por Bruselas. La realidad se impuso para invalidar el propósito; la misma de los mercados que nos han empujado a la situación extrema en que nos encontramos. En la práctica se abre una nueva legislatura en la que la mayoría absoluta, aun permaneciendo, no lo resuelve todo. Es necesaria la cooperación de los partidos en la oposición, como un armisticio político que evite el oportunismo de procurar réditos electorales. Nadie está libre de actitudes equivocadas. Negarlas o hurgar en ellas o, lo que sería peor, mantenerlas, es sencillamente suicida.
Habría que ver hasta qué punto las medidas son las más adecuadas al diagnóstico realizado. Sin duda alguna nuestro principal y peculiar problema es el paro. Es cierto que en esa batalla resulta clave el saneamiento del conjunto del sistema financiero; es una lucha contra el tiempo. Habrá que explicar y convencer, dentro de la libertad que deja Bruselas, de que las subidas de impuestos y las reducciones y recortes no van en la dirección contraria. Sería presuntuoso tomarlos, uno por uno, como una verdad absoluta. Explicación no solo a partidos políticos y agentes sociales, sino directamente a los ciudadanos. Se precisa cercanía. Con el aumento del IRPF era aconsejable; ahora es imprescindible porque, desgraciadamente, el prestigio de la clase política es bajo y las usuales reacciones de las bancadas parlamentarias no son fácilmente asumibles.
Somos más pobres. Se exigen sacrificios a parados -habría que evitar el escarnio-, a pensionistas, a familiares de personas en situación de dependencia, a funcionarios; se encarece el consumo? La disposición a la solidaridad ha de favorecerse con un comportamiento coherente del sector público. Queda tajo. No hace falta esperar grandes reformas para reducir retribuciones de todos los representantes públicos. Si se ejemplifica esto es porque el clima social puede abocar a la anemia o a la radicalización. A la insumisión, se ha escrito.