C uando Cataluña comenzó a trazar la senda de los recortes en asistencia sanitaria, hubo razones para pensar que era la vanguardia del problema y el posible modelo que casara las maltrechas cuentas del presupuesto que no permite superar el 1,3 % del déficit en el presente ejercicio, y ello, dejando a un lado viejas historias sobre deudas pendientes en el reparto de la riqueza nacional fruto de la recaudación de los impuestos, motivo que llevó a la Generalitat a exigir un pacto tipo concierto económico como el que mantienen los territorios forales, con su propia Hacienda y sus competencias administradas desde sus Parlamentos forales, al amparo de la disposición garantista de la Constitución española.
Las cuentas del ministro Montoro sufrieron una enmienda de 10.000 millones de euros. Solo cabía aumentar los impuestos, bajar los sueldos de los empleados públicos o ponerse de acuerdo con las comunidades autónomas para rebajar tales cantidades de las dos partidas más potentes del gasto público: educación y sanidad.
Se opta por ello, pero no descarten que en el futuro no haya que recurrir a lo demás, ya que el país amenaza con recesión en este ejercicio y puede que el siguiente, lo que hace difícil cumplir los compromisos marcados por las instancias europeas.
Somos el segundo país que más medicamentos consume en el mundo. ¿Cómo es posible? ¿Quién tiene la culpa de tamaña barbaridad? Si no llega a ser por la crisis, ¿habríamos seguido la misma senda? ¿Estamos haciendo medicina defensiva, prescribiendo no tanto la causa como el síntoma de la enfermedad? Algo parecido puede estar sucediendo con los implantes. De ahí la urgente política de compras conjuntas. De ahí que alguien deba evaluar cuándo, cómo y qué estamos utilizando en los hospitales. Como supongo que a estas alturas se ha contemplado el rendimiento de instalaciones tan caras como los bloques quirúrgicos, las salas de radiodiagnóstico, laboratorios y consultas de alta resolución.
Por un momento parecía que la idea catalana de pagar un euro por receta podía extenderse. No ha sido así, y tras la reunión con la señora Mato, los catalanes podrán reclamar contra tal medida, por discriminatoria, dentro del Servicio Nacional de Salud, en el territorio español de Cataluña.