Coincidiendo con su visita a la Moncloa, el presidente de la Xunta anunció su intención de negociar un modelo de financiación autonómica que, basado en criterios de solidaridad y eficiencia, garantice el autogobierno y el bienestar de Galicia. Teniendo en cuenta que el Consejo de Política Fiscal y Financiera acaba de reunirse para hablar del déficit autonómico, y sabiendo que la reforma del Estatuto de Galicia está aplazada ad kalendas graecas, ignoro la razón por la que Núñez Feijoo escogió este momento para poner sobre la mesa un tema tan complejo, que necesita la serenidad que la crisis no proporciona, y que no es susceptible de abordajes particulares. Pero, ya que estamos a ello, me parece oportuno recordar que ese sistema solidario, que nos permita seguir programando nuestros servicios con absoluta irracionalidad territorial y social, no existe.
El debate financiero abierto por el Estatuto de Cataluña no deja ninguna duda de que el péndulo de la solidaridad, que en la década de los noventa se sostuvo mediante sucesivas inyecciones del dinero que corría a raudales por las venas del Estado, se está inclinando ahora hacia la corresponsabilidad fiscal. Las cuotas de transferencia se van a reducir de manera drástica, y todas las comunidades que no racionalicen sus gastos, su estructura de servicios y sus bases de financiación interna -mediante impuestos o copagos que solo pueden sostener las economías dinámicas- verán cuestionados su modelo de bienestar y su propia viabilidad como autonomías.
Al no disponer de las condiciones positivas que puedan garantizar su financiación -como son la población y la contribución neta al PIB del Estado-, y al verse obligada a forzar los criterios de solidaridad exigidos por nuestra deficiente posición económica y social -envejecimiento, dispersión y baja contribución al PIB-, Galicia debería ser la comunidad autónoma más interesada en una financiación de doble naturaleza que, a cambio de separar el coste de los servicios de las políticas de crecimiento y desarrollo estructural, y de aceptar una financiación condicionada de estos últimos conceptos, pudiese reclamar un plan temporal fuertemente solidario. Porque todo lo demás empieza a oler a utopía, o al comienzo de dificultades financieras tan graves que ponen en duda la propia continuidad de nuestra autonomía.
No ignoro que esta advertencia, por temprana y radical, puede sonar a puro catastrofismo político. Pero si vemos lo que pensábamos del Estado y de los concellos hace un lustro, y lo que ya sucede hoy, más vale echar cuentas con prudencia que meternos en lamentos inútiles dentro de pocos años. Porque, aunque el régimen autonómico sigue siendo la mejor parte de la Constitución de 1978, todo indica que no será sostenible en la forma en que ahora lo estamos gestionando y financiando.