L os políticos caraduras están que no levantan cabeza, pues se les termina el chollo. Según anuncia el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el Ejecutivo va a modificar la ley para que sea posible exigir responsabilidades penales a los gestores públicos, políticos o no, que incumplan los presupuestos. A la nueva norma se le llamará Ley de Transparencia de Gobierno, y significará que estos individuos no podrán gastar más de lo que tienen presupuestado. Se acabaron las facturas sin pagar que dormían el sueño de los justos en los cajones de ministerios, alcaldías y demás edificios públicos, pues a estos derrochadores se les pasará a considerar con la misma responsabilidad que a un gestor privado.
El que no se corte un pelo a la hora de gastar lo que es de todos se arriesga a pasar una buena temporada a la sombra. No es mala idea que se empiece a tratar a los que manejan los dineros de los contribuyentes como si de un trabajador de una empresa privada se tratase, de esos que al día siguiente de comer en un restaurante tienen que pasar por el departamento de contabilidad, si quieren que le paguen el almuerzo de trabajo, para dejar claro que el paquete de tabaco Winston lo pagó de su propio pecunio.
Menos mal que uno de los principios más elementales que rigen la aplicación de la ley es su irretroactividad, es decir, que sus efectos solo operan después de la fecha de su promulgación, pues en caso contrario habría que construir docena y media de cárceles exclusivamente para recluir a tanto despilfarrador de lo ajeno.