R osa Díez hace demagogia cuando afirma que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), que es tremendamente injusta, perjudica a su partido pero beneficia a Amaiur. Que esta ley es injusta y perjudica a su partido es tan cierto como que a UPyD le corresponden 17 escaños con los resultados del 20-N y una ley justa, pero no beneficia a Amaiur, CiU o cualquier otra fuerza política autonómica. Tan demagógica es esta afirmación como que el voto de mi vecino, que es del PNV, vale 6 veces más que el mío.
A quien beneficia la Loreg es a las dos formaciones de ámbito estatal más votadas, y perjudica sobre todo a otros que presentan candidaturas en toda España, caso de UPyD. Pero también a CiU, por ejemplo, porque en Barcelona se reparten 9 escaños menos de los que le corresponderían por su peso poblacional. El asunto de la Loreg no va con Amaiur. Los nacionalistas vascos existen tanto como que recuperarán la Lehendakaritza cuando lo estimen oportuno, es una simple cuestión de mayoría social, y poner reparos a su cuota de representación no es otra cosa que antinacionalismo, supuesto que se acatan las decisiones de los tribunales, incluso las del Constitucional. El continuo rasgarse las vestiduras de la vizcaína Díez con esto del arrepentimiento y el perdón resta visibilidad al formidable programa de reformas que proponen los magenta, aunque sintoniza con la parte extrema del electorado del PP, lo que aleja a su formación del muy vulnerable votante socialista del año 2008, derrotado o en la abstención, que es donde están ahora las oportunidades de mercado.
Esta ley, que es sustancialmente idéntica a la que guio las elecciones constituyentes de 1977, fue concebida para favorecer a las dos formaciones más votadas, al tiempo que para impedir que el PSOE, el PCE y el PSP de Tierno Galván pudieran hacerse con el Gobierno de la nación, algo que respondería más a un pacto que a una imposición del legislador. El régimen estaba dispuesto a inmolarse de la mano de Adolfo Suárez. El mecanismo mediante el que la ley hace la trampa en favor de los mayoritarios donde ganaría la derecha es muy sencillo, y tiene poco que ver con la ley D?Hont: si hay pocos escaños en reparto la fórmula es irrelevante. La Loreg sustrae un total de 30 escaños de las provincias más pobladas, donde ganaba la suma de la izquierda en 1977, y los encaja en 26 circunscripciones donde se reparten cinco o menos escaños, lo que exige obtener el 15 % de los votos válidos en provincias como Badajoz para tener opciones, el 25 % en otras como Guadalajara, o el 30 % en Ávila y más en Soria. Es la asignación de dos escaños fijos por provincia lo que blinda el bipartidismo parlamentario español, y esto iguala a los legales UPyD y Amaiur como víctimas.