¿FAVORECE EL buen funcionamiento del sistema democrático la concurrencia a los comicios de miembros de los cuerpos policiales? ¿Y la de jueces y fiscales? ¿Son esos casos comparables al de los militares profesionales que desean dedicarse a la política? Quizá no estará de más, antes de contestar a esas preguntas -que el conflicto del alcalde de Vilagarcía ha vuelto a poner de actualidad- recordar por qué existen inelegibilidades en los países democráticos. Las inelegibilidades impiden a los afectados presentarse a los comicios, para evitar así que pueden prevalerse de su puesto o profesión y romper en su favor el principio de igualdad de oportunidades entre los diferentes candidatos; y que puedan, en caso de ser elegidos, utilizar el cargo obtenido en su propio beneficio. Por eso, las causas de inelegibilidad lo son también de incompatibilidad. De todas las inelegibilidades existentes en España, la más rígida es la que afecta a los militares, quienes, para ser candidatos, deben renunciar definitivamente a su carrera militar. La explicación de esa rigidez no es otra que la conflictiva relación histórica que civiles y militares mantuvieron en España. Vista esa historia, se decidió en su día poner el parche antes que el grano y evitar -a mi juicio con razón- cualquier tentación de politización de la milicia o de militarización de la política. Esa regulación de las inelegibilidades es muy distinta a la de otros profesionales -como los jueces y fiscales- que han de ser también neutrales en el ejercicio de sus cargos, pese a que su estatuto (marcado por la independencia en el supuesto de los jueces, y la imparcialidad en el de los fiscales) difiere mucho del de los militares, sujetos a obediencia jerárquica. Pero, más allá de tales diferencias, hay algo que todos ellos tienen en común: que la participación en la vida política de militares (allí donde les es posible hacerlo y volver luego a su carrera), jueces y fiscales o miembros de los cuerpos policiales (que sí gozan en España de esa posibilidad) no tiende a favorecer, sino más bien todo lo contrario, la percepción social de neutralidad o imparcialidad política que debe ir unida al ejercicio de sus respectivas profesiones. Por todo ello, y sin prejuzgar que Enrique León pudiera haber llegado a ser un buen alcalde -según lo consideraron quienes le dieron su apoyo electoral- es casi seguro que el contratiempo que ha desbaratado sus proyectos contribuirá no tanto a que siga siendo en el futuro el buen policía que ha sido al parecer en el pasado, como a que todos sus conciudadanos, sin distingos de partido, lo reconozcan de ese modo.