LA SANIDAD pública ofrece actualmente tratamientos y resultados magníficos en procedimientos complejos, y abre grandes expectativas para mejorar la salud de la población a través de las innovaciones terapéuticas y diagnósticas. Esas realidades se ven ensombrecidas por las demoras que existen para el estudio de diferentes patologías y por el retraso para la aplicación en algunos tratamientos quirúrgicos. La manera de abordar estas deficiencias de acceso, más allá del sufrimiento individual de los que las padecen, está usurpando la atención que la opinión pública y los responsables sanitarios y políticos deberían prestar a otros aspectos mucho más decisivos para la atención sanitaria. Centrar el debate en las demoras para el acceso como un problema en sí mismo, sin analizar con rigor las causas que los originan, no nos va a permitir avanzar en las soluciones. La financiación del sistema sanitario, la innovación organizativa, el óptimo aprovechamiento de las tecnologías sanitarias, la mejora de los procesos de atención y el papel de los profesionales y de la sociedad en el sistema, es en donde se debería centrar el debate social y político para que las expectativas de salud que señalamos no se vean frustradas por insuficiencia financiera o por ineficacia organizativa. En España el gasto en sanidad está lejos de alcanzar los niveles presupuestarios de los países más próximos a nosotros en desarrollo; y sin embargo el sistema sanitario en estos países está lejos de ser satisfactorio. Así pues, nuestro reto consiste en incrementar la financiación innovando la organización, las tecnologías, los procesos sanitarios y la formación de los profesionales para que el incremento inversor tenga altas cotas de rendimiento y satisfacción. En este contexto es en el que se deben incrementar el número de médicos, enfermería, técnicos y demás personal, claramente deficitarios en la mayor parte de los centros. Ahora bien, de nada serviría el incremento si éste no estuviera condicionado a cambiar el modelo de la organización. Pero también sería insuficiente si no asumimos que mejorar nuestra organización no implica la desaparición de las demoras. De lo que se trata es de que estas demoras, según el perfil de gravedad o limitación laboral, sean razonables. Se estima que un mejor consumo por parte de los pacientes podría disminuir el gasto en un 15%; asimismo, los médicos son responsables del 20%, y a la propia Administración sanitaria se le adjudica un 16% del gasto. Es decir, entre una administración con ineficiencias manifiestas en la organización y estrecha en el gasto sanitario, unos médicos todavía poco comprometidos con decisiones basadas en el binomio coste-efectividad y con algunos segmentos de una ciudadanía con hábitos poco modulados de consumo sanitario, estamos contribuyendo a un peligroso estancamiento de la sanidad pública. La fórmula más apropiada para avanzar es la búsqueda de espacios de encuentro y participación. Si no somos capaces de establecer firmes alianzas entre todos para orientar adecuadamente la organización sanitaria, superar el desánimo de buena parte de los profesionales y acercarnos a la ciudadanía para que comprenda las limitaciones, estaremos poniendo en grave riesgo la viabilidad de una sanidad pública que tanto está aportando a la salud de millones de ciudadanos, al desarrollo y cohesión de la propia sociedad y al conocimiento médico.