YA HAN llegado a un acuerdo el PSdeG-PSOE y el BNG para dar el visto bueno a los pactos que celebren los concejales elegidos bajo sus siglas, con el fin de designar alcaldes en los municipios gallegos en los que no obtuvieron mayoría absoluta. Esto no quiere decir que tengan que pactar obligatoriamente estas dos fuerzas. La formalización de un gran acuerdo general no supone atentar contra la autonomía de cada municipio. Por eso, no está totalmente claro lo que en realidad va a pasar en cada uno de ellos el próximo sábado. Podemos asegurar que no se trata de un gran acuerdo imperativo sino de un pacto potestativo. No se impone el pacto, pero se autoriza. Hay excepciones, como Ferrol, donde el PSOE ya decidió cerrar un acuerdo con Izquierda Unida, con la que pueden gobernar sin necesidad del BNG, aunque no rechazaron la posibilidad de que se integren los nacionalistas. Pero ha quedado muy claro que las preferencias socialistas van por Izquierda Unida, con quien realmente se encuentran cómodos. Si pudieran hacer esto en todos los ayuntamientos donde deben pactar, no cabe duda de que el BNG no sería su elegido. Por otra parte, este acuerdo tiene el peligro de promover la exclusión de esa gran parte social de Galicia que se siente más identificada con el PP y a la que votó mayoritariamente. Resulta curioso que se hagan pactos excluyentes bajo el principio de diálogo, acuerdo, pacto, apertura o conceptos similares. Este tipo de acuerdos debían realizarse en consonancia con las preferencias de los electores y las composiciones sociales de cada lugar. Parece claro que en la ciudad de A Coruña existe una mayor sintonía entre el electorado socialista y popular que con el nacionalista, mientras en Vigo ha podido apreciarse en estos años un mayor entendimiento o aceptación entre el PP y el BNG. En Pontevedra, los ciudadanos han rechazado al Gobierno del BNG que votaban hasta ahora, y la mayoría han optado por el cambio. Es casi seguro que en muchas localidades y pueblos de Galicia se puedan producir estas mismas disparidades. De ahí que los partidos políticos deberían realizar los pactos procurando respetar al máximo lo que denominan habitualmente «mandato de los electores». Lo malo es que cuando se recurre a este principio, casi siempre es para justificar que no se va a respetar ningún mandato de los electores. Por todo ello, quizás esta es una buena oportunidad para reivindicar un mayor protagonismo de los ciudadanos a la hora de elegir a sus alcaldes. Es la ocasión de proporcionar o reconocer una mayor fuerza a los votos de los electores. Es el momento de abrir el debate para ir a una segunda vuelta en la que los partidos ofrezcan a los ciudadanos sus programas conjuntos y que decidan las urnas, que decidan los ciudadanos quién debe ser alcalde. Lograríamos así dar legitimidad, credibilidad y autoridad a los regidores electos. Y los ciudadanos estarían motivados para acudir a las urnas, porque su voto sería tenido en cuenta de forma directa. Ese es el verdadero sentido del sistema democrático.