UNA mala y una buena noticia nos llegan de Alicante. La noticia mala es el acoso que ha sufrido una alumna del instituto alicantino Miguel Hernández por parte de dos compañeros que, ya a sus 14 añitos, ostentan un macizo currículo de fechorías. Porque insultar, amenazar y vejar sexualmente a alguien, como, según el juez, hacían estos alumnos, son delitos perseguibles por la Justicia. Pero la Justicia anda tan ocupada con delitos graves -atracos a mano armada, corrupción urbanística, malversación de caudales públicos, asesinatos- que no suele ocuparse de estos sólo aparentemente crímenes menores, porque para la persona que los sufre suelen ser infiernos terroríficos. Una alumna o un alumno acosado por bestezuelas insensibles al dolor causado son seres humanos hundidos en la humillación. Por tanto, es una excelente noticia que un juez haya investigado este caso y haya adoptado medidas cautelares de protección para la alumna vejada que hasta la fecha no se habían tomado en España. El juez dictó la libertad vigilada de los supuestos acosadores, una orden de alejamiento que prohíbe que los alumnos se acerquen a la menor a menos de 300 metros, y la asistencia de los niños a un curso de orientación sexual. Fuentes judiciales declararon que estas medidas cautelares de protección no tienen relación alguna con los protocolos de los casos de las víctimas de maltrato o de violencia machista. La alumna no llevará un móvil para avisar a la policía ni tendrá vigilancia expresa. Hay que felicitar al Juzgado número 1 de Menores de Alicante, que ha tomado estas medidas para proteger a esta escolar de sus compañeros y garantizar así su integridad. La dirección del instituto y la Consejería de Educación se negaron a comentar la resolución judicial. Es comprensible: los funcionarios suelen ser gente cobarde a la hora de dar la cara en situaciones conflictivas. Ojalá cunda el ejemplo de este juez. Hay que erradicar la violencia de las aulas.