GOBIERNO y Fiscalía han decidido impugnar un número significativo de candidaturas de ANV, un partido ignorado por la mayoría de la población y ahora en el primer plano de la atención pública. La opción es defendible en términos jurídicos aunque, desde el terreno del Derecho, produzca insatisfacción que la Fiscalía tenga que reconocer, entre otras consideraciones, que la petición de la eventual ilegalización del partido no podría resolverse por el tribunal antes de que se celebrasen las elecciones, con el riesgo de ser anuladas en el caso de que la petición fuese desestimada. Para resolver el problema de Batasuna, el Gobierno ha elegido una solución intermedia entre promover, en su día, la derogación de la Ley de Partidos o instar, ahora, la ilegalización de ANV. La finalidad de la ley era clara. Se trataba de impedir que un partido apoyase políticamente la violencia y las actividades terroristas. Para la derogación de la ley no habrían de faltar apoyos parlamentarios. Sería coherente con el «proceso de paz». Intentarla hubiera entrañado un desgaste político inasumible, como confirma el atentado de Barajas. La ilegalización de ANV, antes de la formación de sus listas, era inviable. Por eso ha de reconocerse a Batasuna una especial habilidad técnica. ¿Es posible después? La iniciativa corresponde al Gobierno. Sería también defendible en términos jurídicos. La ley, por ejemplo, habla de ceder a quienes colaboran con los terroristas los derechos y prerrogativas que la legislación electoral, en concreto, concede a los partidos políticos. Esto es lo que demuestran las listas contaminadas según la Abogacía del Estado, que pone su saber al servicio del Gobierno. Dentro del marco del Derecho pueden elegirse diferentes vías y argumentaciones. Si se persigue que los colaboradores del terrorismo no participen de ninguna manera en la contienda democrática de unas elecciones, sería lógico emplear todos los medios que el ordenamiento jurídico permita. Nada impediría que se pidiese, de un modo alternativo o subsidiario, la ilegalización del partido y la anulación de las listas contaminadas, añadiendo para el primer caso una suspensión cautelar de las actividades del partido. Podría impugnarse la totalidad de las listas, entendiendo que el fraude admitido en un tanto por ciento elevado se extiende a la totalidad. Aunque ANV no fuese ilegalizada, su presencia podría quedar anulada en estas elecciones. La solución adoptada por el Gobierno será enjuiciada negativamente o por ser aplicación de una ley que se rechaza o por insuficiente. Y quedará la duda de si no hubiese sido mejor correr el riesgo de una mayor ambición impugnatoria, al corresponder a los tribunales la decisión definitiva. El tiempo dirá si la opción elegida fue acertada.