HACE UN AÑO, ante la nacionalización del petróleo en Bolivia, tuve la oportunidad de escribir aquí sobre el único remedio jurídico para solventar pacíficamente las disputas entre inversores y Estados mediante el arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), frente al recurso a la invasión para proteger los derechos del inversor. Así, cuando se nacionaliza el petróleo iraní en 1950, una revuelta motivó la dimisión de su presidente en 1953, y ante la expropiación del canal de Suez, Francia y Gran Bretaña acuerdan con Israel intervenir militarmente en 1956, puesto que no había ningún tribunal internacional ante el cual una empresa pudiese demandar a un Estado. Ahora, la protección de la inversión extranjera se fundamenta en los cerca de tres mil Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), en que cada Estado garantiza a las empresas del otro que las inversiones tendrán tratamiento justo y no discriminatorio, con imposibilidad de nacionalización sin indemnización. La garantía de su cumplimiento estriba en la cláusula que permite la reclamación directa del inversor contra el Estado infractor ante el Tribunal Internacional de Arbitraje creado en 1965 en el citado CIADI, con sede en las oficinas centrales del banco en Washington, cuyos laudos equivalen a sentencias firmes dictadas por el más alto tribunal de Justicia de los Estados, de cumplimiento obligatorio, sin apelación, y que tendrán que ser ejecutados inmediatamente según consta en el convenio de su constitución, firmado por más de 150 Estados. Chávez, al día siguiente de la toma de control del yacimiento petrolífero del Orinoco, retira a Venezuela del FMI y del Banco Mundial, y lo mismo han hecho Bolivia, Cuba y Nicaragua, por lo que, de nuevo, en esos países no hay ningún tribunal internacional ante el cual el inversor expoliado pueda ejercitar sus derechos. Ya advirtieron Chávez y Morales que si el vecino americano usa la fuerza, no habrá petróleo para nadie. Al quedarse los APPRI de esos Estados sin la cláusula que permite acudir al arbitraje internacional del CIADI, los inversores extranjeros, entre ellos la colonia gallega, sólo pueden reclamar ante los tribunales internos de Justicia del país. Y mientras, nuestros paisanos siguen sufriendo secuestros. Como decía un viejo libro de retórica, no hay que usar frases como «la muerte de Escipión dejó castrada la República», pudiendo decir «la dejó huérfana». Pero la realidad es la misma: ausencia de seguridad jurídica. Y, sin división de poderes, nula democracia.