EL 18 de mayo del año pasado el fiscal de Lugo y dos agentes de policía se plantaron en el despacho del presidente de la Diputación de Lugo. La razón era un supuesto fraude en las adjudicaciones de contratos de la corporación provincial, que había provocado siete detenciones ese día. Francisco Cacharro llevaba entonces 27 años consecutivos como presidente de la Diputación (y fue senador otros tantos). Por supuesto, el hecho de toparse a la policía en su alfombra oficial no le pareció un motivo para plantearse la retirada tras casi tres décadas de servicio en berlina pública. Ahí sigue. Este domingo, una diputada de su propio partido lo acusó de hacerle luz de gas al PP apoyando bajo cuerda unas siglas recién resucitadas, Terra Galega (formación que si no supiésemos que la guía el más alto afán de servicio a Galicia algunos dirían que parece creada ex profeso para las municipales con carga de profundidad). Ayer, el secretario general del PP gallego validó la acusación de su diputada. Cacharro, con tono displicente, convocó una rueda de prensa para decir que «ni confirma ni desmiente tonterías». Una manera floja de negar lo que constituiría una felonía para la que ha sido su casa política desde la llegada de la democracia. En las dos últimas décadas, el político más importante de la provincia de Lugo ha sido enredado, una y otra vez, en acusaciones de amiguismo y corruptelas. Aunque nunca se cerró el círculo judicial de manera rotunda, su método de hacer política es ya sinónimo de un adjetivo decimonónico de triste solera. Pero lo más cuestionable del modelo no es su egocentrismo radical, que prima la pervivencia en el cargo sobre cualquier consideración de mejora de la vida pública, ni siquiera el aire de suspicacia permanente que ha rodeado tan dilatada gestión. Lo más lacerante es la esterilidad de esa forma de hacer. Y es que los resultados del poder casi omnímodo de Cacharro dan como balance un espectacular fracaso: Lugo tiene el menor PIB por habitante de Galicia y cuenta con la comarca más pobre; presenta el menor índice de natalidad del país; los sueldos están entre los más bajos del Estado y son los que menos crecen en Galicia; los inmuebles son los más viejos; y, salvo Río y Alcoa, es un absoluto páramo industrial. Todo eso ciega por completo el futuro de la gente, aunque alguien se pueda confundir con las trampas del favorciño, la socarronería y el yo soy el más listo y sé muy bien lo que me hago.