TRAFALGAR, Rocroi, Guadalete, Waterloo: todas famosas batallas del pasado. En España se libra en el presente otra batalla, que será conocida en el futuro por el lugar en el que se sitúa la plaza fuerte objeto de conquista: la madrileña calle de Domenico Scarlatti, donde el Tribunal Constitucional tiene su sede de inconfundible traza arquitectónica. Primero fue la recusación de Pérez Tremps que, sobre la base de una causa improcedente, logró apartar al prestigioso catedrático. Luego llegó el intento fallido de recusar a Rodríguez-Zapata, respecto del cual no existía ni siquiera la falsa apariencia de motivos que, al decir de algunos, había para recusar a un profesor de incuestionable trayectoria. La segunda recusación fue presentada, para más inri, por quienes, con toda la razón, pusieron el grito en el cielo cuando la primera fue aceptada. La última escaramuza de la batalla de Scarlatti ha sido la decisión de cambiar la ley reguladora del alto tribunal con la finalidad de manipular de forma inmediata el proceso de sustitución de la magistrada que ahora lo preside y que, con su voto de calidad, fija, en caso de empate, la mayoría en el Pleno del supremo intérprete de la Constitución. Un supremo intérprete que, para cumplir de verdad con las funciones asignadas, tiene que gozar de un alta legitimidad en su ejercicio, capaz de compensar el hecho de que ese importantísimo órgano estatal está llamado, llegado el caso, a enmendar la plana nada más y nada menos que a las Cortes Generales. Por eso la utilidad real del tribunal depende, en primer lugar, de que los destinatarios de sus resoluciones sobre la correcta interpretación de la Constitución, que son sobre todo los partidos que configuran las mayorías y minorías en las Cortes, acepten sus pronunciamientos como lo que han de ser en realidad: sentencias jurídicas de constitucionalidad y no decisiones políticas de oportunidad. Todas las operaciones de manipulación a las que el Tribunal está siendo sometido, con gran irresponsabilidad, desde la presentación de los recursos de inconstitucionalidad contra el Estatuto catalán indican, sin embargo, que los partidos -con la ayuda, desde dentro del Constitucional, de algunos magistrados- están dispuestos a hacer todo lo posible para ponerlo a su servicio. No se dan cuenta, sin embargo, de que es esa una batalla inútil, dado que la victoria, la obtenga quien la obtenga, será pírrica. Pues un Tribunal Constitucional que no sea percibido por todos (ciudadanos y partidos) como un órgano que decide sin otro horizonte que el de la Constitución, no servirá, sencillamente, para nada.