ESPAÑA debate el modelo de Estado. De las regiones a las comunidades, del poder centralizado a los fragmentos del Estado de las autonomías, de la nación al Estado plurinacional pretendido por catalanes y vascos. De la soberanía nacional a la soberanía compartida. Y en medio el ciudadano, sorprendido, llamado a pronunciarse en referéndum, incapaz de saber si lo que se oferta le conviene o le perjudica. ¿Cuántos son los ciudadanos que saben lo que quieren? ¿A cuántos de estos ciudadanos representan, de verdad, los partidos que discuten el denominado problema identitario? La cuestión social debería centrarse en cómo quedará el ejercicio de la ciudadanía en cada territorio afectado por la reforma estatutaria. Máxime, cuando nadie garantiza, por definición, un mínimo común nacional y sigue consagrándose el modelo de asimetría, que lleva no sólo a diferencias salariales por las mismas funciones laborales, sino también a diferencias en el desarrollo territorial por el volumen de las inversiones públicas. Una vez que se aprueben todos los estatutos y el Constitucional haya puesto límites, veremos cómo quedan los derechos sociales de los habitantes del país. Andalucía es el mayor de los graneros de votos. Se ha inclinado por una reforma que no discute su implicación en el proyecto común de España. Debe de ser uno de los pocos lugares donde Gobierno y oposición no parecen llevarse tan mal; es como si la guerra sin cuartel entre PSOE y PP tuviera su frontera sur. Veremos cómo opera tal actitud en la participación en las urnas. En Galicia, al presidente del PP el Estatuto para Andalucía le parece «españolista». Mientras, el proceso para el nuevo Estatuto gallego está parado. Se está discutiendo qué somos: nacionalidad, nación, comunidad histórica... ¿Alguien le ha preguntado a los gallegos de a pie qué sienten y qué desean? Parece ser que ésta será la nueva fórmula para hacer política en la vecina Francia. Deberíamos tomar nota. La reforma del bloque constitucional, aunque debió empezar por la propia Constitución, nos hará más ciudadanos, nos permitirá residir y trabajar en cualquier punto del Estado sin que el idioma sea una traba. ¿Seguro que será así?