ESTÁ de moda sentirse hostigado. Los jueces vascos se sienten hostigados por los políticos y por la sociedad que aquéllos movilizan desde las calles. El lendakari se siente hostigado por los jueces, que le obligan a prestar declaración por su reunión con políticos de la izquierda aberzale. Se abre el debate sobre los límites de la actuación de cada cual. El legislativo exige al ejecutivo que se someta y dé cuentas, en sede parlamentaria, por sus actos. El ejecutivo exige al judicial que no intervenga en el proceso de diálogo para la búsqueda de la paz en Euskadi. La justicia exige al ejecutivo que no haga declaraciones que se puedan interpretar como intentos de condicionar sentencias o actuaciones dentro de su independencia. Se acumulan las incógnitas por la dinámica de los acontecimientos. ¿Es el lendakari un ciudadano como los demás, y, si es así, quién lo garantiza? ¿Son los jueces independientes de la política, y, si es así, quién lo garantiza? Mientras, ¿sigue siendo el diálogo el instrumento válido y necesario para encontrar el camino de la paz en Euskadi? Pero, ¿quién garantiza a los interlocutores que no terminarán sentándose en el banquillo de los acusados por transgredir normas de derecho positivo? Y en esas llegó el portavoz del Consejo General del Poder Judicial y dijo en TVE que se puede criticar a la judicatura, pero no se puede influir en sus decisiones. Y monseñor Blázquez convocó concentración para «moverse por la paz» a la misma hora que en Madrid pedirán lo contrario. ¡Qué lío! Siendo parlamentario vasco pedí la comparecencia de un juez para que explicara su conducta, que tenía mucho de hostigamiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Euskadi. El propio Parlamento me lo impidió. No se podía incordiar a la justicia. Estaba actuando con arreglo a su derecho indisponible para los demás mortales. Hoy, seguro que me habrían tratado de otra manera¿ Se hace necesario poner orden en el escenario de los poderes y sus límites, entre otras cosas para que nadie se sienta hostigado y para que todos nos sintamos en posesión de nuestros derechos, incluidos los de inmunidad por razones del cargo, y como siempre, para dilucidar las viejas y complicadas colisiones entre derechos fundamentales. Si es delito hablar con batasunos, no entiendo que todavía no haya irrumpido la policía, por orden judicial, en una de sus múltiples ruedas de prensa.