SUPERADA de largo y con notable la dura prueba de la alternancia, España debe todavía pasar una reválida para poder afirmar que nuestro régimen político tiene ya la madurez de las viejas democracias: la de que, por encima de ideologías o lealtades de partido, toda la sociedad considere a sus ex presidentes de Gobierno como un patrimonio común que debe ser aprovechado y no vilipendiado o ignorado. Los Estados Unidos -ejemplo sólo de lo malo, al decir de la última ola progresista- podrían ser en esto, como en tantas otras cosas, un modelo a emular por todos los que siguen creyendo por aquí que a los presidentes, cuando dejan de serlo, hay que darles un buen trato... en la más lúgubre mazmorra. El modelo americano parte de lo contrario y se asienta en una proposición, en general, irrefutable: la de que un presidente, por más lerdo que pueda ser -cosa que, como hoy está bien a la vista, resulta muy posible-, ha acumulado un bagaje de conocimientos y experiencia con motivo del ejercicio de su cargo que parece una irresponsabilidad, y una estupidez, desperdiciar. Es, justamente, esa sabia reflexión la que debe llevar a considerar un gran acierto el proyecto de ley del Gobierno gallego que tiene como objetivo convertir a los ex presidentes de la Xunta en miembros del Consello Consultivo -órgano superior consultivo del Gobierno gallego con carácter técnico-jurídico- para que puedan allí, según reza la exposición de motivos del proyecto, «poner nuevamente al servicio del país el valioso bagaje que su experiencia representa». Hay, sin embargo, un aspecto del proyecto susceptible de levantar muchas suspicacias en una sociedad acostumbrada, generalmente con motivos, a desconfiar de los políticos. Se trata del relativo a la remuneración de los futuros consejeros. El proyecto prevé que esa remuneración será de 73.000 euros anuales durante un total de doce años. Ello supone, para decirlo sin tapujos, que los presidentes de la Xunta serán, salarialmente hablando, presidentes durante el tiempo de desempeño de sus cargos y, además, durante otros doce años de regalo. No creo que haya muchas ciudadanos en Galicia que lo consideren razonable: más bien serán cientos de miles lo que entiendan que de aprobarse así el proyecto los interesados, actuando de juez y parte, estarían blindando su futuro. Por eso lo más sensato sería eliminar de plano, o, en todo caso, reducir drásticamente, la remuneración que se prevé para dejar meridianamente claro que se trata de que Galicia se aproveche de los ex presidentes de la Xunta y no de que los ex presidentes de la Xunta se aprovechen de Galicia.