EN EL DÍA de hoy, el problema de este país tiene el nombre de un sanguinario terrorista: Iñaki de Juana Chaos. Una vez más, la decisión que puedan tomar los jueces sobre su destino se convierte en una prueba para todo; especialmente, para saber si a un suicida se le puede aplicar el artículo 508 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé la prisión provisional en su domicilio por graves razones de salud. Donde acabo de escribir la palabra suicida, otros ponen la definición de chantajista. Tienen razón: De Juana es un delincuente que se ha puesto en huelga de hambre como procedimiento de coacción para conseguir su libertad o convertirse en mártir del Estado español. Cuando los médicos empiezan a considerar inevitable su muerte, tiene que intervenir la Justicia; pero su decisión es dramática. ¿Qué magistrado puede asumir ante la historia la responsabilidad de abrir el precedente invocado por Mariano Rajoy? Si algún día otros presos etarras deciden seguir los pasos de De Juana, ¿cómo afrontar tan grave riesgo de futuro? Y al revés: ¿qué magistrado puede cargar sobre su conciencia con la responsabilidad de la posible muerte del etarra por la aplicación restrictiva de la ley? No es extraño que, ante semejante disyuntiva, sean los 17 jueces que constituyen el pleno de la Sala de lo Penal quienes digan la última palabra. Así, por lo menos, nadie podrá hablar de interferencias del Gobierno, como ayer se habló. Por lo tanto, como primera decisión, es un acierto. Diecisiete magistrados ofrecen un mayor campo de discrepancia, pero su veredicto es menos discutible. El auto y los previsibles votos particulares nos ofrecerán los argumentos definitivos para sustentar una opinión. Digamos únicamente que los rumores apuntan a rechazar todo lo que se parezca a una medida de gracia. Y añaden que, si ayer era previsible la prisión atenuada, hoy se impondrá la dureza, lo cual implica dejar a la fiscalía en un discutible papel después de haber pedido la medida humanitaria. Mientras tanto, permítanme un ruego: acéptese la voz de la Audiencia. Sea cual sea, no la convirtamos en pieza de confrontación. No añadamos a todos sus problemas el añadido de sospecha de interferencias políticas. Durante el día de ayer se han escrito palabras muy duras. Se llegó a decir que estaba en peligro el Estado de derecho. Ante tales afirmaciones, todo el país -especialmente su clase dirigente- se debe conjurar esta mañana para aceptar lo que diga la Justicia. Si concede la prisión atenuada, para aceptarla. Si no la concede, para estar unidos ante el previsible conflicto que se planteará en el País Vasco. La convivencia no puede depender del pulso que un sanguinario le ha planteado al sistema.