PARA VALORAR la acción de un Gobierno es obligado recurrir a resultados tangibles, medibles. La tasa de paro o la de temporalidad, la eficiencia de los sistemas educativo y sanitario o la evolución del peso relativo en infraestructuras, tecnologías o investigación son, entre otros, datos imprescindibles para medir la eficacia de un Gobierno. Y esa será también la vara medir que se empleará a partir de ahora para evaluar al nuevo Gobierno de Galicia. Existen, sin embargo, otros aspectos de la acción pública, que no son medibles por estadísticas o indicadores, cuya importancia es asimismo capital para la buena marcha de un país. Son los que tienen que ver con la evolución democrática. En los últimos años del fraguismo se produjo un profundo y premeditado deterioro de la democracia parlamentaria. El simulacro de debate presupuestario, el ninguneo a la oposición y el funcionamiento burocrático y desactualizado del Parlamento convirtieron a éste en una institución subalterna e irrelevante para la opinión pública. Igualmente nefasto fue el intento de Fraga de ejercer el control del aparato ideológico. La política cultural y mediática del fraguismo persiguió siempre un objetivo invariable: el gobierno de las ideas y de los valores con el fin de perpetuarse en el poder. La expresión más acabada de ese modelo se encuentra en su domino de los medios de comunicación. La RTVG y los demás medios de obediencia gubernamental funcionaron como un disciplinado ejército dedicado a destilar el discurso clónico que interesaba al Gobierno y a castigar a la oposición con el ostracismo. El resultado de todo ello fue desolador: una gigantesca red clientelar sostenida con fondos públicos y un dominio de las instituciones públicas y privadas con el fin de situar a la Xunta y a su presidente a salvo de la crítica y del control de la sociedad. Por eso no se entiende que el nuevo Gobierno en vez de desmantelar la onerosa herencia del fraguismo mantenga prácticamente incólume esa auténtica administración paralela que, con razón, tanto criticó cuando era oposición. Por eso no es explicable que la Xunta siga utilizando la publicidad institucional de forma grosera, con fines exclusivamente propagandísticos, en lugar de reducirla a la exigencia de servicio público. Por eso el Gobierno debe modificar de forma radical su relación con la sociedad, activar todos los mecanismos de control del poder, revitalizar el funcionamiento de las instituciones democráticas, en primer lugar del Parlamento, y demostrar que la RG y la TVG han dejado de ser instrumentos gubernamentales para transformarse, por fin, en medios de comunicación públicos, tal como desean sus profesionales y demanda la opinión pública. Se trata, ni más ni menos, de poner en práctica el programa de regeneración democrática que el PSdeG y el BNG enarbolaron como seña de identidad en la pasada campaña electoral. Y no existe justificación alguna para dilatar ni un solo minuto más el cumplimiento de lo que fue un solemne compromiso con los ciudadanos.