HUBO una época en que estuvo de moda en Cataluña convertir en bandera identitaria al gran equipo de fútbol de la ciudad de Barcelona. «El Barça es més que un club», se nos decía. Y en la afirmación había mucho de verdad. Pues bien, con la democracia, que ha traído la igualdad, todos los clubes pueden presumir casi de lo mismo, porque todos son, también, más que meras asociaciones deportivas: son un negocio. Ruinoso, casi siempre, es cierto, pero un negocio del que una parte de sus participantes -directivos y grandes jugadores- obtienen, sin embargo, pingües beneficios. Las cifras resultan concluyentes. Según un estudio de dos profesores universitarios españoles, la deuda conjunta de los clubes de este país ascendía en el 2004 a la friolera de 2.156 millones de euros o, lo que es lo mismo, ¡de 360.000 millones de pesetas! ¿Qué ocurriría si cualquier empresario actuase con la mezcla de frivolidad irresponsable y manirrotismo escandaloso con que gestionan los directivos del fútbol español la mayoría de las sociedades que dirigen? Pues pasaría que el poder público aplicaría, como es su deber, todo su celo en vigilarlos. No lo hacen, sin embargo, con los clubes, que son empresas -sociedades anónimas en la mayoría de los casos- en las que se combinan sueldos fabulosos con deudas millonarias. Y es que como el fútbol tiene bula y no está sujeto, al parecer, a las leyes que rigen para el común de los mortales, a los clubes se les aplican otras normas: se les recalifican los terrenos de sus ciudades deportivas para que, con la anuencia de las administraciones locales respectivas, puedan organizar impresionantes pelotazos urbanísticos que no tienen otro objeto que permitir que la rueda del despilfarro gire sin parar. Y así el dinero que entra por la mano del trato de favor sale por la mano del derroche ante la atónita mirada de ciudadanos honrados y empresarios competentes a quienes nadie saca las castañas del fuego si las cosas les van mal. El colmo de esta vergonzosa situación se produce cuando los directivos de los clubes pretenden no ya que se les recalifiquen terrenos que pertenecen a las sociedades que gestionan, sino que se les donen de algún modo otros que son de propiedad municipal. Es decir, de todos los vecinos. Ningún ayuntamiento en su sano juicio se atrevería, sin embargo, a someterse a esa delirante pretensión. Pues una cosa es que el fútbol merezca el apoyo que se le debe a lo que ilusiona a la ciudadanía y otra muy distinta que se utilicen sus sanas aficiones como coartada para beneficiar a gentes sin escrúpulos que no piensan en el balón, sino en los pelotazos.