TAL DÍA como hoy, en 1948, la Asamblea General de la ONU aprobaba la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que reconoce los derechos inherentes al ser humano, inalienables y universales, y constituye un imperativo moral que debe inspirar la acción de los poderes públicos. Pues bien, casi seis décadas después, el panorama de los derechos humanos en el mundo es desolador. La situación que se vive en lugares como Palestina, Irak, Afganistán, Sudán o Chechenia ha dejado de ser una estricta cuestión política para convertirse en un problema que amenaza con socavar las bases sobre las que se asienta la civilización. La ley y la justicia han dejado de existir en esas partes del mundo y todo el legado humanístico está sometido a tal prueba que es muy posible que pierda todo su significado si se sigue tolerando la violación sistemática de los más elementales derechos humanos. Desgraciadamente, los conflictos citados y sus devastadoras consecuencias son sólo la punta del iceberg de un sistema que condena a la marginación y al sufrimiento a una parte creciente de nuestros desdichados semejantes. Por eso, para centenares de millones de personas en el mundo la Declaración Universal es sólo una quimera inalcanzable si se considera que carecen aún de derechos tan elementales como son una alimentación suficiente, el acceso a la vivienda, la sanidad o el agua potable. Y, ahora, bajo la excusa de la lucha contra el terrorismo y en nombre de la seguridad, asistimos a un drástico recorte de las libertades públicas y al desarrollo de concepciones políticas que son la negación frontal de la democracia. La pervivencia de la prisión de Guantánamo, la oposición estadounidense al Tribunal Penal Internacional, las torturas en las cárceles iraquíes o los centros de detención diseminados por todo el mundo en los que, con la complicidad de gobiernos sedicentemente democráticos, se practican tratos crueles, degradantes e inhumanos a las personas allí secuestradas, son hechos de extrema gravedad que deslegitiman el carácter universal de los derechos humanos e impiden su aplicación efectiva. Por eso casi 60 años después, frente al cinismo retórico de líderes políticos avezados en todos los usos fulleros del discurso, la Declaración Universal sigue siendo la base de cualquier programa democrático y civilizador.