EN UN espacio como éste debe quedar noticia del foro sobre seguridad vial celebrado el pasado 30 de noviembre en la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre. Con la conselleira de Política Territorial, debatían representantes de la Jefatura Provincial de Tráfico, de la Asociación Provincial de Auto Escuelas, de la organización Stop Accidentes y de este mismo periódico. El asunto de mayor interés era la expectativa de traspaso de competencias en materia de tráfico desde el Estado a la comunidad gallega, interés nada falto de legitimidad si parte de las singularidades de la circulación de vehículos en Galicia. Hay condicionantes geográficos, como la altitud media del territorio, que han impuesto una red caminera pródiga en rampas y en trazados curvos. Hay una gran dispersión poblacional que fuerza una intensa movilidad en el uso del automóvil. Hay alta densidad de habitantes en determinadas áreas litorales. Hay factores que han sido y siguen siendo causa de infinidad de accidentes peatonales. Hay, en fin, factores climáticos que condicionan el desarrollo del tráfico de cada día. Son esas adjetivaciones las que sirven como punto de partida para la pretendida cesión de competencias, desde que la Administración central exige un plan de seguridad vial que las tenga en cuenta para el objetivo de reducir el número de accidentes mortales en porcentajes y períodos de tiempo predeterminados. En este orden, el caudal de información de la conselleira es exhaustivo, y sus criterios sobre la causalidad de los accidentes, indiscutiblemente válidos. Resulta grato señalar que el acuerdo ha sido común en cuanto a la valoración de las conductas obedientes a norma como quicio de la seguridad vial. Quiere decirse que la prioridad está en entender que el tráfico clama por pautas esencialmente éticas.