ENTRE oteguis y vídeos, entre manifestaciones y rendiciones reales o imaginadas, entre corrupciones y discursos electorales, se camufla otra realidad que interesa a gran número de ciudadanos: la economía del fútbol. No hablo de fichajes. Hablo de sus cuentas y, sobre todo, de los manejos sobre sus bienes inmobiliarios, donde se dan cita intereses especulativos e influencias políticas. Todo ello, bajo la disculpa del interés general, la oscuridad de las negociaciones y la complacencia de un público que lo disculpa todo, porque los equipos están respaldados por sentimientos, más que por la legalidad. Citaré sólo los casos más sonoros, al menos para legos como este cronista. El Real Madrid ha hecho una fabulosa operación inmobiliaria, consistente en deshacerse de su Ciudad Deportiva, donde ahora crecen grandes rascacielos, y crear una nueva en una zona de expansión. Con ello ha saldado su deuda. El Atlético de Madrid quiere seguir la misma senda, y planea abandonar su viejo estadio, para conseguir un saldo a su favor de 500 millones de euros. Si la autoridad cede a las presiones, asistiremos a un nuevo pelotazo. El trato a favor del Valencia ha provocado el escándalo de una recalificación de terrenos a la carta, según denuncian los antiguos propietarios. El Levante, naturalmente, no quiere ser menos, ni quedarse fuera de la prebenda. Y, por último, el máximo accionista del Betis, señor Ruiz de Lopera, declara que «hay que salir corriendo hacia el Estadio Olímpico», mientras se espera la ejecución de un embargo de parte del estadio que lleva su nombre. Estos casos puntuales, pero graves, coinciden con una información reciente que publicó este diario: la deuda del fútbol profesional supera los 2.150 millones de euros. En poco tiempo estará en el medio billón de las antiguas pesetas. Y todo eso, después de dos planes de saneamiento a cargo de todos los contribuyentes. ¿Qué quiere decir este panorama? Que, después de haber estrujado al Estado por la vía legal, ahora se está tratando de estrujar a las instituciones más próximas -ayuntamientos o Gobiernos autónomos- por la vía del trato preferente, el negocio inmobiliario, la especulación y, Dios no lo quiera, el fraude. Se está mezclando peligrosamente lo público y lo privado. ¿Ocurre algo parecido en Galicia? Creo que no. Pero, en previsión de acontecimientos, hay que decir algo: el fútbol es un negocio privado, aunque mueva sentimientos colectivos. Mezclar el beneficio de bolsillos particulares con actuaciones políticas o administrativas es un agravio comparativo con las demás empresas. Es un trato de privilegio incompatible con la igualdad de oportunidades. Y puede ser, si no lo está siendo, un foco de corrupción.