SÓLO nos acordamos de la importancia de la seguridad laboral, la necesidad de la prevención de riesgos laborales y la relevancia de la ergonomía en el trabajo cuando se produce un accidente con resultado de lesiones graves o, en el peor de los casos, de fallecimiento. Así, en nuestra comunidad autónoma, y por si fueran escasos los sucesos negativos que nos hacen destacar en los medios de comunicación, se han producido tres trágicos accidentes en tan sólo dos días: quemaduras graves de un trabajador de una empresa subcontratista de la mayor fabricante de coches de Galicia, y sendas muertes en una depuradora de marisco y en una productora de mármol. Acontecimientos desafortunados en sectores dispares que ponen en evidencia que la peligrosidad existe en todos los ámbitos laborales, aunque siempre destaquen el de la construcción y el industrial. Según el informe de siniestrabilidad laboral del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, entre julio del 2005 y junio del 2006 se ha producido un incremento global de los accidentes laborales en toda España del 1,5%; destaca un descenso del 0,4% en el sector industrial y un aumento del 5,5% en el de la construcción. En Galicia se han reducido, en el marco global, un 5,8%, siendo una disminución del 2,6% de los accidentes con baja. La realidad es, sin embargo, mucho más complicada de lo que los números dejan ver, fundamentalmente por el factor humano. Los descuidos, la fatalidad, la inexperiencia o, por el contrario, el exceso de confianza, el empecinamiento de algunos trabajadores en no usar los equipos de protección y la dejadez de las empresas en la vigilancia de la seguridad y la prestación de los medios colectivos, acaban por cobrarse un alto peaje en vidas humanas. Puede que la estricta aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el aumento de las inspecciones de trabajo hayan reducido las irregularidades en la contratación, pero el esfuerzo documental que tiene que hacer el empresario para cumplir con la normativa bajo la amenaza de una fuerte sanción no tiene como contrapartida, como cabría esperar, una mayor y eficaz protección del trabajador por parte de la Administración pública. Lo que se necesita es una vigilancia real, y no tanto papeleo ni tanta recaudación.