¿CÓMO puede retornar Batasuna a la legalidad? Tal es la pregunta que hoy concentra, al parecer, una parte sustancial de los desvelos de quienes gestionan eso que sus propios protagonistas denominan «proceso de paz» desde hace meses. Y tal es también, probablemente, la pregunta que, con más o menos inquietud, se hacen millones de ciudadanos españoles que, aun intuyendo que sin Batasuna dentro de la ley no habrá normalidad democrática en Euskadi, temen que el regreso del brazo de ETA a la legalidad pueda acabar por suponer un incentivo negativo para que los terroristas renuncien definitivamente a sus actividades criminales. El asunto es, desde luego, muy trascendental, porque lo es, sin duda, excluir de la representación a docenas de miles de personas. Tan trascendental que sólo tras muchos años de soportar una situación escandalosa decidieron las Cortes poner punto final a lo que era un escarnio para la convivencia democrática. ¿O es que no era un escarnio que operase dentro de la ley, como un partido más, y con las ayudas oficiales previstas por las leyes para las organizaciones partidistas, una que consideraba legítimo el asesinato, el secuestro o la extorsión como un medio para defender la independencia y la territorialidad del País Vasco? La ley de partidos fue el fruto de la decisión de acabar con ese escándalo. Más allá de sus prescripciones jurídicas concretas, el objetivo de la ley, compartido por la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles y de sus representantes democráticos, resultaba de una meridiana claridad: que no pudiesen actuar dentro de la ley partidos que no condenan el uso de la violencia terrorista. Nada más, ni nada menos. Ni la ley prohibía ideologías, ni la defensa de proyectos independentistas: muy lejos de ello, sólo consideraba ilegal la defensa de la utilización de la violencia para promocionar tales ideologías o proyectos. Es a la vista de ese sencillísimo objetivo de la ley, democráticamente irreprochable, como debe buscarse la respuesta a la pregunta sobre las condiciones que han de darse para que Batasuna -con ese nombre o con otro diferente- pueda operar de nuevo dentro de la ley. La cuestión no tiene dudas: o ETA debe disolverse o, de no suceder tal cosa, Batasuna debe condenar con toda claridad -lo que no ha hecho nunca de momento- el uso de la violencia para la consecución de los objetivos que ETA dice defender. Cualquier legalización que se produzca, sin que se dé una de esas circunstancias, sería un fraude de ley como una casa. Un fraude que ningún político puede amparar, ni ningún defensor público de las leyes tolerar.