DESDE la promulgación del Código Civil en 1889 la regulación jurídica de la nacionalidad, concebida como vínculo político y jurídico que liga a una persona física con su Estado, ha sido objeto de sucesivas reformas, motivadas unas veces por la necesidad de adaptar la legislación a nuevas realidades que han ido surgiendo y otras, a partir de 1978, por la exigencia de dar cumplimiento a los mandatos de la Constitución española. Ésta encomienda al Estado la misión de velar por la salvaguarda de los derechos, económicos y sociales, de los trabajadores españoles en el extranjero, a la que añade la obligación de orientar su política hacia su retorno. Facilitar la conservación y transmisión de la nacionalidad española es, sin duda, una forma eficaz de cumplir este mandato, y por eso celebro mucho la proposición no de ley del Partido Popular de Galicia, de la que daba cuenta este periódico, para instar a la Xunta a que demande del Gobierno central la modificación del Código Civil en materia de nacionalidad. Se pretende con ello la derogación inmediata de la exigencia -de difícil cumplimiento- de la solicitud expresa, en los consulados de España, de la conservación de la nacionalidad al cumplir la mayoría de edad o emanciparse, para los nietos de emigrantes nacidos después del 8 de enero de 1985, quienes quieren, sin duda, conservarla, no ya tanto con intención de radicarse en España sino, cuando menos, como un modo de conectarse jurídicamente con sus raíces, que, por lo demás, podían serlo de cualquiera de nosotros. Nada más justo que suprimir dicho requisito y favorecer la recuperación de la nacionalidad de los que la hayan perdido por no cumplirlo, si tomamos en cuenta que antes de 1990 las españolas que se casaban con extranjero perdían la nacionalidad y cuando uno adquiría otra nacionalidad automáticamente perdía la española, siendo por ello necesario la máxima generosidad en regular la recuperación en cualquier momento. Y, lógicamente, su conservación. Aparte de ser uno de los reclamos más fuertes de la emigración, es claro que, bajo cualquier circunstancia, la aplicación, con espíritu amplio, por parte de España del ius sanguinis como criterio de atribución de la nacionalidad en Iberoamérica le agrega un valor enorme a la madre patria. Como puente entre Europa y América. Tal vez, debería ir acompañada de una adecuada política migratoria, ordenada y consensuada, para aprovechar al máximo la potencialidad de los recursos humanos, partiendo de que, en estos casos, no existen prácticamente, sino todo lo contrario, dificultades culturales para la integración.