LA EMIGRACIÓN había dejado al municipio al borde de los dos mil habitantes. Y eso supondría descender un sensible escalón en la asignación de fondos públicos con los que nutrir el ya exiguo presupuesto. Así que cuando empezaron a aparecer nuevas casas en fincas salpicadas por el término municipal, hubo vista gorda, licencias para galpones o gallineros y facilidades para que emigrantes retornados o vecinos de la cercana ciudad en busca de segunda vivienda se empadronasen en el concello, ayudando a mantener el censo por encima de la línea fatídica. Cuando los nuevos residentes empezaron a acudir a la casa consistorial porque sus pozos no garantizaban ya el suministro de agua o aparecían contaminados por los vertidos de alguna vivienda cercana, las escuálidas arcas municipales se revelaron incapaces de afrontar la demanda de los nuevos vecinos. La única solución fue acudir a la Xunta, donde la petición de auxilio coincidió con las de decenas de pequeños concellos enfrentados al mismo problema. Alguien dijo entonces que había que empezar a exigir unas condiciones mínimas para construir. Para ello, haría falta que los ayuntamientos tuviesen mayor capacidad de acción. Hasta ahí hubo consenso. El problema llegó cuando se apuntó como solución la fusión de pequeños municipios. Eso significaba menos concejalías a repartir y, además, decidir qué pueblos perderían la condición de capital municipal y qué alcaldes perderían el bastón. Una decisión de tal calado requería meditación serena. Decidieron esperar a que pasasen las elecciones. Y luego, a las siguientes. Y después...