LOS DIECISÉIS AÑOS ininterrumpidos de fraguismo han sido demoledores para nuestro parlamentarismo autonómico. De hecho, sólo esa herencia pesadísima, que afecta a la visión que ciudadanos y actores políticos tienen sobre lo que, en el ámbito de la responsabilidad política, es normal y no lo es en un sistema democrático, permite explicar que una de las más graves catástrofes de la historia reciente de Galicia se haya saldado finalmente sin una sola dimisión ni un solo cese. El país ha ardido como nunca de norte a sur y de este a oeste; el número de hectáreas arrasadas (90.000, según los cálculos del Centro Superior de Investigaciones Científicas, en doce días) ha resultado proporcionalmente incomparable al de cualquier otro período similar de la historia de Galicia; la incapacidad del operativo previsto inicialmente para hacer frente a la ola de incendios ha sido manifiesta, como lo ha sido también la imprevisión de las autoridades, vista la evolución de la meteorología en los meses anteriores y lo que un colega de La Voz ha llamado, con razón, el material explosivo existente en nuestros montes; la evidencia, en fin, de que la Xunta se vio por completo superada por los acontecimientos se puso dramáticamente de relieve cuando el presidente Touriño anunció, apenas comenzada la catástrofe, que todo estaba controlado. ¡Pues menos mal! ¡Aterra imaginar lo que hubiera pasado de no estarlo! ¿Significa todo ello que, una vez comenzada la que acabaría por ser una auténtica hecatombe ecológica, económica y social ,no hicieran nuestros responsables administrativos y políticos lo humanamente posible -y lo imposible- para hacerle frente al fuego? En absoluto: significa, nada más, que habían errado en sus previsiones iniciales y que alguien debe pagar por ese error de tan terribles consecuencias: esas son las reglas en los sistemas democráticos, aunque la práctica inaplicación de las mismas durante las cuatro legislaturas del fraguismo hayan llevado a muchos a pensar que los políticos sólo tienen responsabilidades cuando violan el Código Penal. Obviamente no es así: muy por el contario, la distinción entre responsabilidad penal y responsabilidad política constituyó un paso de gigante en la afirmación de los sistemas democráticos. Por eso, si mientras las llamas arrasaban el país era el momento de cerrar filas en torno a quienes tenían el penoso deber de detenerlas, ahora ha llegado el de afirmar con toda claridad que es increíble -e inaceptable- que nadie haya presentado aún su dimisión por lo ocurrido ni haya sentido todavía la necesidad de cesar a quienes tenían el deber de haber evitado esta tragedia inolvidable.