APROBADA EN REFERÉNDUM LA LEY DE SUCESIÓN Una vez concluida la Guerra Civil, Franco dedicó los primeros años de su mandato a sentar las bases legales del Estado totalitario con el que soñaba; una parte esencial de este entramado fue la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, aprobada en referéndum hace hoy 59 años.
05 jul 2006 . Actualizado a las 07:00 h.El 6 de julio de 1947, La Voz de Galicia abría su edición con un gran titular en la primera página que decía: «Por una imponente mayoría ha sido ratificada la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado». Y un subtítulo añadía: «El referéndum tiene el significado de la más adicta fidelidad a Franco». De esta forma, se daba carpetazo a la instauración de una de las leyes fundamentales del régimen franquista, que se añadía a la Ley de Cortes de 1942, el Fuero de los Españoles y la Ley del Referéndum Nacional de 1945 y la Ley de Principios del Movimiento Nacional de 1958, piedras angulares sobre las que el dictador trató de edificar la legitimidad de su régimen. En el caso concreto del texto sometido a referéndum el 6 de julio de 1946, su aprobación equivalía a delegar en Franco el poder absoluto y a disolver la herencia del período 1932-1936. Así, España dejaba de ser republicana para convertirse en un reino, pero al mismo tiempo se declaraba a Franco jefe del Estado y se le otorgaba la capacidad de designar a la persona («de sangre real») que debía sucederle con el título de rey o regente. Esta disposición, con la que el general daba claras y tempranas muestras de su intención de dejarlo todo «atado y bien atado», significó a la larga la ruptura de la línea dinástica y la designación del entonces príncipe don Juan Carlos como heredero de la Corona. La decisión, como cabía esperar, causó una profunda decepción en los sectores legitimistas, que mantenían la secreta esperanza de que Franco abandonaría el poder para dar paso a una monarquía restaurada. Don Juan, el conde de Barcelona, descalificó el texto desde el exilio al asegurar que sólo servía para «convertir en vitalicia una dictadura personal» y para «disfrazar con el manto de la monarquía un régimen de arbitrio gubernativo». Dentro de España, naturalmente, nada se supo de todo esto. El referéndum fue celebrado como un gran triunfo de Franco, y las autoridades no dejaron de subrayar que el 89,86% de los españoles habían votado a favor de la Ley de Sucesión. Era difícil imaginar lo contrario en un Estado autoritario y en un contexto como el de 1946, con el recuerdo de los muertos de la Guerra Civil todavía fresco y apenas concluida la Segunda Guerra Mundial. Por si acaso, a la maquinaria administrativa del Estado tampoco le faltaban recursos para acomodar los resultados a sus intereses, como el clásico pucherazo. El caso fue que, según el recuento oficial, más del 90% de los votantes de las cuatro provincias gallegas, en total más de un millón de varones con derecho al sufragio, fueron partícipes de «la más adicta fidelidad a Franco», como rezaban los titulares de prensa, mientras que los votos negativos escrutados apenas sumaban unos cuantos miles. Aquel dudoso referéndum dio paso a una ley que se mantuvo vigente durante más de treinta años, y que no fue definitivamente derogada hasta que la Constitución de 1978 fue aprobada. Para entonces, ya parecía claro que la intención de Franco de seguir rigiendo el destino de los españoles desde la tumba había fracasado. Juan Carlos I, el heredero designado como continuador de su régimen, demostraba tener ideas propias y ser consciente de que los tiempos de las dictaduras habían quedado atrás. Y, sobre todo, la sociedad española de los setenta era muy diferente de la traumatizada y sometida de 1946. Ya no bastaban las veleidades autoritarias de un general para definir la realidad de todo un país.