EL CENTRO de Inteligencia contra el Crimen Organizado, el futuro CICO, es la enésima idea «original» que el Gobierno ha lanzado a la calle para acallar las críticas sobre la creciente inseguridad que nos azota. Las noticias que nos están bombardeando sobre los brutales asaltos en determinadas zonas residenciales de Cataluña y en algunos barrios madrileños son sólo la punta del iceberg de un problema que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado llevan denunciando desde hace tiempo. El crimen, desgraciadamente, no es un fenómeno nuevo, pero sí lo son la forma y los medios utilizados para desarrollarse. Desde la pornografía infantil difundida por Internet hasta las mafias explotadoras de inmigrantes ilegales, pasando por las bandas organizadas que roban coches de lujo o asaltan viviendas unifamiliares, la delincuencia no ha hecho sino variar su tipología y, por tanto, exigir más formación a aquéllos que trabajan para perseguirla. Pero la formación no es el único recurso que hay que reforzar; lo básico y primordial es incorporar de forma inmediata el mayor número posible de efectivos en todas las áreas. Y no sólo nuevos inspectores, sino agentes a pie de calle, con un conocimiento óptimo de las ciudades y sus habitantes, capaces de responder de forma rápida ante cualquier tipo de crimen. Para ello no es necesario crear una estructura como la CICO. Existiendo la Comisaría General de la Policía Judicial con tres unidades especializadas -Unidad de Drogas y Crimen Organizado, Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta y Unidad Central de Inteligencia Criminal- lo lógico es reforzarlas y dotarlas de medios humanos y materiales.