ENTRE una propuesta de crear una nueva fiscalía especializada y sacarse de la manga un defensor de algo, sea el pueblo, los universitarios o los clientes de un banco, no hay semana que no se pretenda engordar las listas de estas dos instituciones. Al final, el equivalente al suplicio de nuestra infancia o mocedad, que era, por ejemplo, sabernos de corrido la lista de los reyes godos, será que quienes estén obligados a ello sean capaces de retener cuántos fiscales diferentes funcionan en nuestro entramado jurídico y qué número de defensores cívicos están en activo o a la expectativa de desempeñar el cargo. La profusión de fiscalías ya hacía dudar ayer a algún político avezado. En Marbella, ¿quién debería actuar, la Fiscalía Anticorrupción o el nuevo fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, que acaba de tomar posesión? Y además, el PSOE quiere un fiscal específico para urbanismo, que quizá en cierto momento nos sugiera que se podría desdoblar en uno especializado para la costa atlántica, otro para el Mediterráneo, un tercero para el rstrecho de Gibraltar y vaya usted a saber cuántos más. A veces parece que la política conecta perfectamente con esta sociedad en la que tanto prima lo aparencial. Lo importante es resolver aparentemente los problemas que van surgiendo, sin atacar a fondo el asunto. Sangrante es que cuando se clama por uno y mil fiscales especiales, la sentencia del popular caso de Pepe el del Pastor, por quedarnos en Santiago, se conozca muchísimos años después de ocurridos los hechos. Y otros numerosos casos se resuelven aún con más demora. Si en lugar de buscar votos con cada decisión de impacto, los partidos estuvieran a la busca de soluciones, antes de entrar en las especializaciones por docenas, atacarían el problema de fondo de la Justicia, que sigue radicando en una lamentable falta de medios. ¿Para qué nuevos fiscales si cada dos por tres desaparecen documentos vitales para los juicios, mal custodiados en instituciones judiciales de todas las categorías?