CUANDO las expectativas favorables ya necesitaban de hechos para mantenerse, la organización terrorista ETA ha anunciado un alto el fuego permanente. ¡Por fin! Todavía no es el final de la violencia, pero, como bien dijo la viuda de Fernando Buesa, asesinado por ETA, «hoy estamos mejor que ayer». Sin duda. Porque, aunque el camino sea largo y no esté exento de riesgos o retrocesos, la esperanza está en esa dirección, que apunta hacia la paz. Hace bien el Gobierno en manifestarse prudente y cauteloso. Con ETA no es posible echar las campanas al vuelo, porque pueden volver a doblar por nuevas víctimas mortales. Pero tampoco debe restársele valor a la decisión, porque, más allá de las legítimas suspicacias y recelos, puede ser una verdadera oportunidad para acabar con la violencia etarra. Zapatero tenía razón cuando afirmó que el final del terrorismo «no puede tener un precio político, pero la política puede contribuir al fin de la violencia». El Gobierno está también para eso: para buscar la paz sin violentar el sistema ni hacer concesiones inasumibles. En esto nadie debiera ser rácano. Porque no es más patriota ni mejor demócrata el que se pone la venda antes de la herida sin asumir ningún riesgo. Lo propio es asumirlo con una idea clara (en la que deben coincidir PSOE y PP) de las líneas rojas que no deben ser traspasadas. Tampoco vale felicitarse hoy para apresurarse a protestar mañana por la inconcreción del proceso en ciernes. Es necesario admitir que el alto el fuego permanente no equivale a la disolución o desaparición de ETA (que sería la opción óptima). El alto el fuego se corresponde, en realidad, con ese «comienzo del principio del fin de la violencia» del que habló el presidente del Gobierno, el cual ayer mismo reiteró en las Cortes que estamos ante «un proceso largo y difícil». Ahora se trata de que, además de largo y difícil, sea un éxito de toda la sociedad española y de sus instituciones. En esta línea hay que avanzar.