INTENTAR comprender y expresar a un país política y administrativamente descentralizado, de corte federal, articulado en tres niveles de gobierno e inmerso en un proceso de integración europea es, sin duda, asunto complejo. Por eso no interesan la prepotencia ni la pereza intelectual. Por eso hay que aplaudir la prudencia y la capacidad para discernir lo relevante. Los problemas de la financiación pública ofrecen al respecto ejemplos ilustrativos. Así, el lamento financiero de los municipios se resuelve aquí aprendiendo el duro oficio de buscador de subvenciones, tarea que a su vez exige ignorar o superar escrúpulos personales y sociales vinculados a tal menester. La reivindicación financiera municipal se concreta e institucionaliza así vía subvención, nunca mentando la palabra impuesto . Las diputaciones reivindican también más subvenciones y ayudas de otras administraciones porque ese es su comportamiento habitual, dada la naturaleza de sus ingresos. Por otro lado, las comunidades autónomas tampoco se caracterizan por tener comportamientos plausibles de responsabilidad fiscal. Antes del 2002, los ingresos por transferencias y subvenciones de la comunidad gallega superaban el 82% del presupuesto, representando en la actualidad el 57%, sin contar los ingresos por la participación territorializada del IVA e impuestos especiales. En general, las autonomías utilizaron la capacidad normativa sobre los tributos cedidos más para generar beneficios políticos que para mejorar la financiación de la comunidad. Por eso se piensa que el fin último de las reformas actuales es sólo conseguir más dinero del Estado. A éste se le traslada todo el coste fiscal, mientras los beneficios del gasto se lo disputan el resto de las administraciones. En este sentido, los ingresos estatales siempre deberán aumentar, ya sea por mayores impuestos, porque crece la economía, por mejoras en la gestión o por todas esas cosas a la vez. En caso contrario, alguien padecerá el deterioro de los servicios públicos, no se podrá cumplir lo prometido, se privatizará la Administración o bien se observará cómo los gobernantes están condenados a realizar crecientes malabarismos retóricos. Por eso hay que enterrar ya la vieja cultura de la subvención, amparo de políticos mediocres, encubridora de privilegios y generadora de confusión. La responsabilidad fiscal y la educación cívica exigen que todos sepamos quién decide el impuesto, quién lo paga y quiénes se benefician del gasto. La reforma de la financiación autonómica constituye una magnífica oportunidad para desfacer entuertos, disciplinar a ciudadanos y gobernantes y girar hacia la razón.