A RIESGO de ser tachado de catastrofista por los optimistas antropológicos, conviene insistir en la necesidad de parar esta descentralización atolondrada del Estado que nos lleva a su desintegración, como pronostica con conocimiento de causa la yugoslava Mira Milosevic, profesora del Instituto Universitario Ortega y Gasset. Afirma la investigadora que un Estado no debería incluir en su Constitución los dispositivos legales de su destrucción, señalando con ello el perverso artículo 150-2 de nuestra Carta Magna, mediante el cual el Estado (a través del Gobierno) puede transferir o delegar en las comunidades autónomas facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. Es justo esto lo que señala el dictamen del Consejo de Estado sobre las reformas de la Constitución, que además de pronunciarse sobre las cuatro materias demandadas por el Ejecutivo (denominación de las comunidades autónomas, sucesión de la Corona, Derecho europeo y Senado) incluye otras más importantes. Así, el órgano consultivo del Estado aboga, como señalaba en estas páginas González-Trevijano, por la restricción de los elementos centrífugos (leyes de transferencia y delegación), la eliminación de la transitoriedad (suprimir la posible incorporación de Navarra al País Vasco), el desarrollo de la solidaridad interterritorial, el restablecimiento del recurso previo de inconstitucionalidad respecto de los Estatutos de autonomía y el aseguramiento de competencias indelegables del Estado (la legislación básica). Además, el órgano de consulta hace un llamamiento al acuerdo entre los dos grandes partidos españoles, sin los cuales nada de esto será posible. ¿Qué hacen mientras tanto Zapatero y Rajoy? El primero (164 diputados) impulsa el nuevo Estatuto de Cataluña y afirma que la oposición del PP (148 escaños) impide estas reformas en esta legislatura, y el segundo declara que tiene la mano tendida para acordarlas, habiendo presentado en el Congreso una enmienda a la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, actualmente en trámite, que señala que «son susceptibles de recurso de inconstitucionalidad, con carácter previo, los proyectos de aprobación o reforma de los Estatutos de autonomía». ¿Acaso Zapatero quiere pactar las recomendaciones del Consejo de Estado con ERC, CiU, BNG, PNV, IC-V, Na-Bai, EA y CHA? Total: 35 escaños.