EL PASADO miércoles, la mesa del Parlamento, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, constituía una comisión de estudios y una ponencia paritaria (tres diputados por grupo) para abordar la redacción del nuevo Estatuto de Autonomía. Comenzaba así formalmente el proceso de reforma de nuestra ley básica, precisamente cuando conmemoramos el 25 aniversario de su entrada en vigor. La reforma del Estatuto había sido una de las propuestas estrella de la campaña electoral de las dos fuerzas políticas -PSdeG, BNG- que hoy sostienen la acción política de la Xunta de Galicia. En coherencia con ese compromiso electoral, el nuevo Gobierno gallego, desde el mismo día de su constitución, ha situado la reforma estatutaria como una prioridad política y, en contra de lo que anunciaban los pronósticos más pesimistas, el reto ha sido asumido por los tres partidos con representación parlamentaria y acogido con absoluta normalidad por los ciudadanos, entre los que, de momento, no existe la mínima inquietud por la puesta en marcha de la iniciativa reformista. Dicho lo cual, no se me pasa siquiera por la cabeza pensar que el proceso será fácil o que estará exento de graves dificultades. En primer lugar, porque entre los dos socios que forman el Gobierno existen todavía diferencias notables sobre el contenido de la reforma. Pero sobre todo porque el Estatuto de Galicia necesita para su reforma, a diferencia del catalán, el respaldo de los dos tercios de la Cámara, es decir, requiere el inexcusable concurso del Partido Popular. Ello confiere a Núñez Feijoo un enorme poder, pero le transfiere también una gran responsabilidad. Porque, en efecto, una cosa es que el nuevo presidente del PP aspire, con toda legitimidad, a dejar la impronta del principal partido gallego en el texto que va a regular nuestra convivencia, y otra muy distinta que utilice la capacidad de decisión que le otorga la norma vigente para hacer fracasar todo el proceso. Si Alberto Núñez tiene en algún momento esa tentación, le recomiendo que, antes de sucumbir a ella, repase los acontecimientos que tuvieron lugar hace 25 años, cuando la UCD, con una representación mayor que la que hoy ostenta el PP, fracasó rotundamente en su intento de imponer un modelo restrictivo al autogobierno gallego. Espero que el dirigente popular haya asimilado las duras lecciones de la historia y no se preste a protagonizar «unha nova aldraxe». En las actuales circunstancias, ni el Gobierno puede pretender que el PP -45% del electorado- se comporte como si fuera un convidado de piedra, ni el partido de la oposición puede, por intereses espurios, bloquear la necesaria reforma. En cualquier caso, Touriño, Quintana y Núñez Feijoo no deben permitir que intereses electorales, dependencias partidistas o debates nominalistas impidan el acuerdo estratégico imprescindible para defender los intereses de Galicia en el contexto del debate abierto en España sobre el modelo de Estado y el reparto del poder territorial.