HACE ahora justo seis años, la norteamericana Texas Utilities (TXU) lanzó una opa sobre la asturiana Hidrocantábrico. Tras varias contraopas y la actitud intervencionista de Rodrigo Rato y el Gobierno asturiano, la eléctrica española acabó en manos de la portuguesa EDP. Fue un encaje de bolillos entre las leyes del mercado y el interés público. Algo parecido intenta ahora el nuevo Gobierno, a diferencia de que Endesa no es el 4% sino el 40% de la electricidad española. Ayer dio más poderes a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para que sea el ariete contra el control alemán de E.On. ¿Política? Pues claro. Por gran negocio que sea, la energía de un país no es sólo un asunto de mercado. Por eso todas las centrales y redes eléctricas son concesiones públicas.